Caso Tótem - PP
Descripción del caso
El caso Tótem destapó una trama de corrupción urbanística en el municipio de Totana (Región de Murcia) en noviembre de 2007, cuando la Guardia Civil detuvo al alcalde en activo José Martínez Andreo y a otras once personas en el marco de la Operación Tótem. La investigación reveló que el exalcalde Juan Morales Cánovas, que había gobernado Totana durante ocho años con el PP, había exigido comisiones millonarias a promotores inmobiliarios a cambio de aprobaciones de recalificaciones de suelo y licencias municipales. El escándalo afectó directamente al equipo de gobierno municipal del PP y supuso uno de los primeros grandes casos de corrupción urbanística en la Región de Murcia.
La trama se articuló principalmente en torno a la recalificación de 220 hectáreas de suelo rústico para construir aproximadamente 5.000 viviendas, operación promovida por el grupo gallego Inmonuar. Juan Morales habría pactado con intermediarios el cobro de comisiones de hasta 3 millones de euros por facilitar dichas recalificaciones, admitiendo en juicio haber recibido aproximadamente 1,5 millones de euros en pagos irregulares. Durante los registros en el Ayuntamiento de Totana se encontraron facturas de empresas pantalla por valor de 100.000 euros. Los investigados incluyeron, además del exalcalde, al jefe de la Policía Local, el secretario municipal y varios empresarios vinculados al sector inmobiliario. Los delitos investigados abarcaron cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, malversación e infidelidad en la custodia de documentos.
El caso se tramitó en dos fases ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. En la primera fase, Juan Morales fue condenado en febrero de 2012 a 4 años y 5 meses de prisión y una multa de 8 millones de euros. Tras intentar eludir el cumplimiento de la condena —llegando a ser buscado por Interpol— ingresó voluntariamente en prisión en junio de 2012, convirtiéndose en el primer exalcalde de la Región de Murcia con sentencia firme que ingresaba en prisión por corrupción durante su mandato. En la segunda fase, el exalcalde José Martínez Andreo alcanzó un acuerdo con la fiscalía y fue condenado a tres meses de prisión, sustituidos por una multa de 720 euros, tras aplicarse la atenuante de dilaciones indebidas después de casi nueve años de procedimiento.
Resumen
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