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Caso Túnel de Sóller - PP

Iniciado: Abril de 1995
Sóller, Mallorca (Illes Balears)

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Descripción del caso

El Caso Túnel de Sóller fue un escándalo de corrupción que provocó la dimisión forzosa del presidente de las Islas Baleares Gabriel Cañellas en julio de 1995. Los hechos consistieron en la adjudicación irregular de las obras de construcción del Túnel de Sóller al empresario Antoni Cuart, socio del propio presidente, y el pago por parte de éste de 50 millones de pesetas (unos 300.000 euros) a la Fundació Illes Balears —presidida por Cañellas— y al Partido Popular balear para financiar las campañas electorales de 1989 y 1991. El 30 de enero de 1989, Cuart giró un cheque que fue redistribuido en diez transferencias de cinco millones de pesetas cada una entre proveedores de la campaña electoral del PP previa a los comicios europeos.

El proceso judicial comenzó el 7 de abril de 1995 cuando Eberhard Grosske, diputado de Izquierda Unida, denunció al presidente Gabriel Cañellas, al consejero de Obras Públicas Bartomeu Reus y al exconsejero Jeroni Saiz por presunta prevaricación continuada en la adjudicación del túnel. La investigación reveló que la empresa de Cuart no presentaba la mejor oferta técnica, pero resultó adjudicataria tras el soborno. José María Aznar, entonces candidato del PP a la presidencia del Gobierno, obligó a Cañellas a dimitir el 13 de julio de 1995, declarando públicamente que "no hay cabida para corruptos en el Partido Popular".

Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares declaró en julio de 1997 acreditado el delito de cohecho, todos los acusados fueron absueltos por prescripción del delito. El Tribunal Supremo confirmó esta absolución en diciembre de 1998. La sentencia consideró que, aunque la adjudicación del túnel fue legal desde el punto de vista administrativo, Cañellas cometió un delito de cohecho que había prescrito penalmente. El túnel fue inaugurado el 19 de febrero de 1997, en pleno proceso judicial, y la concesión administrativa se mantuvo vigente durante 33 años.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
50 millones de pesetas (aprox. 300.000 euros)

Implicados

Gabriel Cañellas Fons
Presidente del Gobierno Balear (1983-1995) y presidente del PP balear
Antoni Cuart
Empresario financiero mallorquín
Bartomeu Reus
Consejero de Obras Públicas del Gobierno Balear
Jeroni Saiz
Ex consejero del Gobierno Balear
Eberhard Grosske
Diputado de Izquierda Unida en el Parlament balear
José María Aznar
Presidente del PP nacional y candidato a la presidencia del Gobierno

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Documentos relevantes

Cronología

Enero de 1988
Adjudicación inicial de la concesión a Antoni Cuart
El Gobierno Balear, presidido por Gabriel Cañellas, adjudica la concesión administrativa para la construcción y explotación del Túnel de Sóller al empresario Antoni Cuart. La concesión tiene una duración de 33 años. Posteriormente se demostraría que Cuart no presentaba la mejor oferta técnica pero ganó la adjudicación tras el pago de un soborno.
eldiario.es
Enero de 1989
Antoni Cuart gira el cheque de 50 millones de pesetas
El empresario Antoni Cuart, adjudicatario del Túnel de Sóller, gira un cheque por 50 millones de pesetas dirigido a Gabriel Cañellas. Este dinero se destinó a la Fundació Illes Balears, presidida por el propio Cañellas, y fue redistribuido en diez cheques de cinco millones de pesetas cada uno para financiar la campaña electoral del PP de cara a las elecciones europeas de 1989.
eldiario.es
Febrero de 1989
Formalización de la concesión administrativa
Apenas 24 días después del pago del soborno, se formaliza oficialmente la concesión administrativa del Túnel de Sóller a favor de la empresa de Antoni Cuart. La cronología entre el pago y la formalización resultaría clave en la investigación judicial posterior para acreditar el delito de cohecho.
eldiario.es
Abril de 1995
Eberhard Grosske denuncia el caso ante la justicia
El diputado de Izquierda Unida Eberhard Grosske presenta una querella formal ante los tribunales contra Gabriel Cañellas (presidente balear), Bartomeu Reus (consejero de Obras Públicas) y Jeroni Saiz (exconsejero) por presunta prevaricación continuada en la adjudicación irregular de las obras del Túnel de Sóller. La denuncia activa la investigación judicial que acabaría sacando a la luz el soborno de 50 millones de pesetas.
casos-aislados.com
Julio de 1995
Gabriel Cañellas dimite forzado por José María Aznar
Tras estallar el escándalo, el presidente nacional del PP José María Aznar, entonces candidato a la presidencia del Gobierno, obliga a Gabriel Cañellas a dimitir como presidente del Gobierno Balear y como presidente del PP balear. Aznar declara públicamente que 'no hay cabida para corruptos en el Partido Popular', en un intento de blindar la imagen del partido de cara a las elecciones generales de 1996. La dimisión marca un punto de inflexión en la carrera política de Cañellas.
casos-aislados.com
elplural.com
Febrero de 1997
Inauguración del Túnel de Sóller
Pese al escándalo judicial en curso, el Túnel de Sóller es inaugurado oficialmente y entra en funcionamiento. La infraestructura comunica Palma con Sóller y se convierte en una de las obras públicas más importantes de Baleares en los últimos 30 años, aunque su origen esté manchado por la corrupción. La concesión administrativa se mantiene vigente durante el proceso judicial.
ultimahora.es
Julio de 1997
El TSJB declara probado el cohecho pero absuelve por prescripción
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares dicta sentencia en el caso. Los magistrados consideran acreditado que Gabriel Cañellas cometió un delito de cohecho al recibir 50 millones de pesetas de Antoni Cuart a cambio de adjudicarle irregularmente la concesión del túnel, alterando los resultados de la licitación. Sin embargo, todos los acusados son absueltos porque el delito había prescrito legalmente. La sentencia genera indignación ciudadana al confirmar la corrupción pero declarar la impunidad.
ultimahora.es
casos-aislados.com
Diciembre de 1998
El Tribunal Supremo confirma la absolución por prescripción
El Tribunal Supremo ratifica la sentencia del TSJB y confirma la absolución de Gabriel Cañellas y los demás implicados por prescripción del delito de cohecho. El alto tribunal valida que, aunque la adjudicación del túnel fue formalmente legal desde el punto de vista administrativo, el ex presidente cometió un delito de cohecho que quedó impune por el paso del tiempo. La confirmación judicial cierra definitivamente el caso tres años y medio después de la denuncia inicial.
ultimahora.es