Caso Troya - PP

El caso Troya destapó una trama de cohecho urbanístico en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, protagonizada por el alcalde del PP Juan Martín Serón y su concejal de Urbanismo, José Gregorio Guerra Gil. Entre 2006 y 2007, ambos cargos públicos exigieron de forma reiterada el pago de 122.000 euros a un promotor inmobiliario local a cambio de otorgarle una licencia de obras, aprovechando la confusión intencionadamente promovida en torno a la normativa urbanística del municipio para ejercer presión sobre los constructores. La operación policial que destapó los hechos fue bautizada precisamente como "Troya", en referencia al engaño y la estratagema utilizados por los implicados.

El caso llegó a juicio oral en septiembre de 2010 ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga con 20 procesados, entre ellos el alcalde, el concejal, dos asesores jurídicos del consistorio y hasta 16 empresarios y promotores. A lo largo del juicio, la Fiscalía fue retirando la acusación contra los asesores y los promotores al no quedar acreditada la ilicitud de las licencias otorgadas, centrándose la causa en los dos cargos municipales. En enero de 2012, el tribunal condenó a Juan Martín Serón y a Gregorio Guerra a un año de suspensión de empleo y cargo público y al pago de una multa de 200.000 euros cada uno como autores de un delito de cohecho impropio.

El Tribunal Supremo confirmó las condenas en sentencia de 8 de octubre de 2013 (número 684/2013), desestimando los recursos presentados por ambos condenados. Martín Serón cumplió la suspensión de un año y regresó a la alcaldía, presentándose de nuevo a las elecciones y recuperando el cargo con el apoyo de su partido. El caso ilustra la corrupción urbanística de pequeña escala vinculada al PP durante el boom inmobiliario en municipios del sur de España, en los que los cargos locales aprovechaban la ambigüedad normativa del urbanismo para extorsionar a promotores.