Caso Trapur - PP

El caso Trapur es una investigación por corrupción municipal en Castro Urdiales (Cantabria) que involucró a concejales del Partido Popular y al gerente de la empresa de desratización y desinfección Trapur S.L. La investigación se centró en la adjudicación irregular de contratos de servicios de control de plagas y desinfección al Ayuntamiento de Castro Urdiales entre 2003 y 2009.

Según los hechos probados, Elisa Dopico, tras asumir la Concejalía de Sanidad y Asuntos Sociales de Castro Urdiales después de las elecciones de 2003, utilizó su cargo para beneficiar económicamente a Pedro María Llamas, compañero de partido y administrador único de la empresa Trapur. Dopico ordenó a funcionarios municipales que adjudicaran todos los servicios de desratización y desinfección del municipio a Trapur de manera fraccionada, eludiendo así el procedimiento administrativo de contratación que hubiera sido legalmente exigible.

La empresa Trapur, que en 2002 era deficitaria, pasó a ser extraordinariamente rentable a partir de 2003. Entre agosto de 2003 y diciembre de 2008, Trapur facturó al Ayuntamiento de Castro Urdiales un total de 579.013,73 euros y obtuvo unos beneficios netos de 463.211,73 euros. Entre 2003 y 2009, los beneficios netos totales de la empresa ascendieron a 486.775 euros.

Como contraprestación por estas adjudicaciones continuadas, en febrero de 2004 el gerente de Trapur extendió a Elisa Dopico un cheque de mil euros con cargo a la empresa. Este pago fue considerado por los tribunales como cohecho (soborno).

En enero de 2005, José Miguel Rodríguez López, conocido como 'Kyk', sucedió a Dopico al frente de la Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales. Según la sentencia de la Audiencia Provincial, Rodríguez López continuó adjudicando contratos de control de plagas a Trapur, fraccionando conscientemente los servicios para evitar el procedimiento legalmente establecido de contratación administrativa. Además, presidió la mesa de contratación que acordó proponer la adjudicación del contrato de control de plagas a Trapur, a pesar de que su propuesta económica no era la más ventajosa para el municipio.

La investigación judicial comenzó en mayo de 2008, cuando el juez imputó a Fernando Muguruza (alcalde de Castro Urdiales), José Miguel Rodríguez López (primer teniente de alcalde del PP), Pedro Revuelta (exconcejal), Pedro Llamas (gerente de Trapur) y la veterinaria municipal Itziar Muruaga por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

En noviembre de 2016 se celebró el juicio, y en abril de 2017 la Audiencia Provincial de Cantabria condenó a Elisa Dopico a seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público por delitos de cohecho y prevaricación continuada. También impuso multas de 450 y 500 euros y suspensión de empleo público durante tres meses. José Miguel Rodríguez López fue condenado a cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación continuada, con la atenuante de dilaciones indebidas.

La defensa de Rodríguez López recurrió ante el Tribunal Supremo, pero en julio de 2018 el Alto Tribunal rechazó el recurso de casación y confirmó la sentencia de inhabilitación, considerando que las pruebas eran lícitas, suficientes y correctamente motivadas. Con esta resolución, el caso Trapur quedó definitivamente cerrado, convirtiéndose en uno de los múltiples casos de corrupción municipal que han afectado a cargos del Partido Popular en Cantabria.