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Trama Eólica de Castilla y León - PP

Iniciado: Diciembre de 2014
Castilla y León, España

Descripción del caso

La Trama Eólica de Castilla y León es el mayor caso de corrupción conocido en esta comunidad autónoma. El caso se destapó en diciembre de 2014 cuando un informe de la Agencia Tributaria elaborado por el inspector Juan Tocino detectó irregularidades fiscales en empresas de energía eólica que apuntaban a un posible esquema delictivo. La investigación reveló que antiguos altos cargos del gobierno del PP en Castilla y León, bajo el mandato del presidente Juan Vicente Herrera, se repartieron hasta 75 millones de euros en comisiones ilegales relacionadas con la concesión de autorizaciones para parques eólicos entre 2003 y 2013.

El modus operandi consistía en que Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía, siguiendo instrucciones del consejero Tomás Villanueva (fallecido en 2017), diseñó un sistema por el cual los promotores de parques eólicos estaban obligados a ceder participación a empresas locales afines a la Consejería como condición para obtener las autorizaciones administrativas. En agosto de 2003, Delgado ordenó a los jefes de servicio territoriales de Industria que no concedieran autorizaciones de parques eólicos, centralizando todos los expedientes bajo su control personal. Esto le permitió manipular la tramitación y favorecer a empresas pantalla que adquirían participaciones a bajo coste para revenderlas con beneficios millonarios una vez obtenida la autorización. La trama operó con cuentas en Suiza, empresas en Panamá y pagos en metálico de coches de lujo y propiedades inmobiliarias.

El juicio comenzó el 15 de septiembre de 2025 en la Audiencia Provincial de Valladolid contra 15 acusados (posteriormente reducidos a 11 tras retirar la Fiscalía la acusación contra tres directivos de Iberdrola y un empresario). La Fiscalía Anticorrupción solicita penas conjuntas de 138 años de prisión y multas superiores a 848 millones de euros. Durante el proceso, Rafael Delgado, identificado como el principal cabecilla, ha intentado atribuir toda la responsabilidad al fallecido Tomás Villanueva. La sentencia está prevista para el 21 de enero de 2026. El caso ha implicado la investigación de casi un centenar de parques eólicos autorizados irregularmente durante una década de gestión corrupta del sector de energías renovables en Castilla y León.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
75 millones €

Implicados

Rafael Delgado Núñez
Exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León (2003-2007)
Tomás Villanueva Herrero
Exconsejero de Economía y exvicepresidente de la Junta (fallecido en 2017)
Jesús Rodríguez Recio
Abogado
Alberto Esgueva Gutiérrez
Empresario, exconsejero delegado de ADE Internacional Excal
Francisco Esgueva Gutiérrez
Empresario, hermano de Alberto Esgueva
Germán José Martín Giraldo
Empresario
Andrés Martín de Paz
Exdirector general de Deportes de la Junta de Castilla y León
Patricio Llorente
Empresario, vinculado a la constructora Collosa
Alejandro Llorente
Empresario, hermano de Patricio Llorente
Miguel Ángel Llorente
Empresario, hermano de Patricio Llorente
Manuel Ordóñez Carballada
Responsable del Ente Regional de la Energía (EREN) - fallecido
Ricardo Bravo Sayas
Empresario de Ibercyl (filial de Iberdrola Renovables)
Rafael Icaza de la Sota
Exdirectivo de Iberdrola
Pedro Barriuso Otaola
Exdirectivo de Iberdrola
César Hernández Chico
Empresario, directivo de Preneal

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Documentos relevantes

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Cronología

Agosto de 2003
Delgado centraliza autorizaciones de parques eólicos
Rafael Delgado, como viceconsejero de Economía, ordena a los jefes de servicio territoriales de Industria que no concedan autorizaciones de parques eólicos sin su aprobación. Esta decisión centraliza todas las autorizaciones bajo su control personal, permitiéndole manipular la tramitación de expedientes y crear el sistema corrupto de adjudicaciones irregulares que operaría durante la siguiente década.
Diciembre de 2014
Agencia Tributaria detecta irregularidades y eleva informe a Fiscalía
El inspector de Hacienda Juan Tocino elabora un informe tras inspeccionar varias empresas de energía eólica en Castilla y León. El informe detecta un patrón de fraude en el impuesto de sociedades: grupos inversores debían formar sociedades vehículo con cargos locales afines a la Junta, y cuando conseguían permisos para parques eólicos, las recompraban con enormes beneficios para estos. La Agencia Tributaria eleva el informe a la Fiscalía por indicios de delito, iniciando así la investigación judicial.
Enero de 2017
Fallecimiento de Tomás Villanueva
Muere súbitamente Tomás Villanueva Herrero, exconsejero de Economía y exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, que tenía la condición de imputado en el caso. Villanueva era señalado como el superior jerárquico de Rafael Delgado y coordinador de la planificación eólica irregular. Su fallecimiento antes del juicio permite a otros acusados, especialmente a Delgado, intentar atribuirle posteriormente toda la responsabilidad de las decisiones corruptas.
Febrero de 2025
Se fijan las fechas del juicio
La Audiencia Provincial de Valladolid confirma las fechas del macrojuicio de la trama eólica. Serán 50 sesiones que se extenderán desde septiembre de 2025 hasta enero de 2026, con comparecencia prevista de 84 testigos y una veintena de peritos. Se sentarán en el banquillo 15 personas entre exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios. La complejidad del caso y el volumen de documentación requieren este extenso calendario judicial.
Septiembre de 2025
Comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid
Arranca el juicio por la Trama Eólica, el mayor caso de corrupción de Castilla y León, con 15 acusados en el banquillo. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas conjuntas de 138 años de cárcel y multas por 848 millones de euros. Los acusados incluyen a Rafael Delgado, para quien se piden 42 años de prisión y 239 millones de multa, y diversos empresarios que presuntamente se beneficiaron del sistema corrupto de autorizaciones de parques eólicos gestionado desde la Junta bajo el gobierno del PP.
Septiembre de 2025
Tribunal rechaza nulidad de la causa y pospone decisión sobre prescripción
La Audiencia Provincial de Valladolid desestima la petición de nulidad de la causa presentada por las defensas, que argumentaban que la inspección tributaria que originó el caso fue declarada nula por competencia territorial incorrecta (se inspeccionó desde Valladolid empresas con sede en Madrid). El tribunal determina que el problema fue meramente administrativo, no una vulneración de derechos fundamentales, y decide posponer hasta la sentencia la resolución sobre la posible prescripción de algunos delitos.
Diciembre de 2025
Rafael Delgado culpa de todo al consejero fallecido
En su declaración ante el tribunal, Rafael Delgado afirma que toda la planificación eólica de Castilla y León estaba controlada directamente por el entonces consejero de Economía Tomás Villanueva, su superior jerárquico fallecido en 2017, y niega haber ordenado la paralización de ningún parque. Delgado intenta descargar toda la responsabilidad sobre Villanueva, quien no puede defenderse por haber muerto antes del juicio. Esta estrategia de defensa genera críticas por intentar culpar a un fallecido que no puede contestar a las acusaciones.
Enero de 2026
Fiscalía retira acusación contra cuatro procesados
El fiscal anticorrupción del juicio por la trama eólica retira la acusación contra el empresario César Hernández Chico y los exdirectivos de Iberdrola Rafael Icaza de la Sota y Pedro Barriuso Otaola, que se exponían a 6 años de cárcel y multas de 100 millones de euros. Con esta decisión, son ya cuatro los procesados a los que se ha retirado la acusación desde que comenzó el juicio. Las acusaciones particulares y la Abogacía del Estado mantienen los cargos contra once de los catorce encausados restantes.
Enero de 2026
Juicio visto para sentencia
El juicio por la Trama Eólica de Castilla y León queda visto para sentencia tras más de cuatro meses de vistas, con comparecencia de 84 testigos y 20 peritos en 43 sesiones. La sentencia determinará la responsabilidad penal de los 11 acusados finales (tras las retiradas de acusación de la Fiscalía) en el mayor caso de corrupción de Castilla y León, que ha destapado una década de gestión irregular del sector de energías renovables con 75 millones de euros en comisiones ilegales y casi un centenar de parques eólicos autorizados irregularmente.