Trama Eólica de Castilla y León - PP
Descripción del caso
La Trama Eólica de Castilla y León es el mayor caso de corrupción conocido en esta comunidad autónoma. El caso se destapó en diciembre de 2014 cuando un informe de la Agencia Tributaria elaborado por el inspector Juan Tocino detectó irregularidades fiscales en empresas de energía eólica que apuntaban a un posible esquema delictivo. La investigación reveló que antiguos altos cargos del gobierno del PP en Castilla y León, bajo el mandato del presidente Juan Vicente Herrera, se repartieron hasta 75 millones de euros en comisiones ilegales relacionadas con la concesión de autorizaciones para parques eólicos entre 2003 y 2013.
El modus operandi consistía en que Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía, siguiendo instrucciones del consejero Tomás Villanueva (fallecido en 2017), diseñó un sistema por el cual los promotores de parques eólicos estaban obligados a ceder participación a empresas locales afines a la Consejería como condición para obtener las autorizaciones administrativas. En agosto de 2003, Delgado ordenó a los jefes de servicio territoriales de Industria que no concedieran autorizaciones de parques eólicos, centralizando todos los expedientes bajo su control personal. Esto le permitió manipular la tramitación y favorecer a empresas pantalla que adquirían participaciones a bajo coste para revenderlas con beneficios millonarios una vez obtenida la autorización. La trama operó con cuentas en Suiza, empresas en Panamá y pagos en metálico de coches de lujo y propiedades inmobiliarias.
El juicio comenzó el 15 de septiembre de 2025 en la Audiencia Provincial de Valladolid contra 15 acusados (posteriormente reducidos a 11 tras retirar la Fiscalía la acusación contra tres directivos de Iberdrola y un empresario). La Fiscalía Anticorrupción solicita penas conjuntas de 138 años de prisión y multas superiores a 848 millones de euros. Durante el proceso, Rafael Delgado, identificado como el principal cabecilla, ha intentado atribuir toda la responsabilidad al fallecido Tomás Villanueva. La sentencia está prevista para el 21 de enero de 2026. El caso ha implicado la investigación de casi un centenar de parques eólicos autorizados irregularmente durante una década de gestión corrupta del sector de energías renovables en Castilla y León.
Resumen
Implicados
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