Caso Trajes - PP
Descripción del caso
El Caso Trajes es una ramificación del macrocaso Gürtel que investigó si el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y otros altos cargos del PP valenciano recibieron prendas de vestir de lujo pagadas por empresas de la trama de Francisco Correa —concretamente por la mercantil Orange Market, gestionada por Álvaro Pérez "el Bigotes"— a cambio de favorecer la adjudicación de contratos públicos. Los trajes y complementos atribuidos a Camps (al menos 12 trajes, 5 americanas, 5 pares de zapatos y corbatas) estaban valorados en unos 12.783 euros, mientras que el conjunto de prendas recibidas por todos los acusados ascendía a 23.196 euros.
La investigación arrancó en febrero de 2009, cuando la Guardia Civil registró la sede de Orange Market en Valencia en el marco del operativo Gürtel. Los documentos intervenidos apuntaban a que esta empresa, que obtuvo contratos de la Generalitat Valenciana por valor de varios millones de euros entre 2005 y 2009, había sufragado la compra de ropa de marca en establecimientos como Milano y Forever Young para varios dirigentes del PP. El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) imputó formalmente a Camps por cohecho el 15 de mayo de 2009. Junto a él fueron también investigados Ricardo Costa (secretario general del PPCV), Víctor Campos (exvicepresidente del Consell) y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Conselleria de Turisme).
El 20 de julio de 2011, el mismo día que comenzaban a sentarse en el banquillo Víctor Campos y Rafael Betoret —quienes aceptaron su culpabilidad y acordaron pagar una multa de 9.600 euros—, Camps anunció su dimisión como presidente de la Generalitat, calificándola de "sacrificio político y personal" para no perjudicar a Mariano Rajoy de cara a las elecciones generales de noviembre de ese año. El juicio oral contra Camps y Costa se celebró en diciembre de 2011 ante un jurado popular, que el 30 de enero de 2012 los declaró no culpables de cohecho impropio pasivo por considerar no probado que hubieran recibido las prendas a cargo de la red Gürtel. El Tribunal Supremo confirmó la absolución por mayoría de cuatro votos a uno en abril de 2013.
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