Tosca - PP

La Operación Tosca fue una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desarticuló en 2015 una presunta red de corrupción en la contratación pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, gobernada de forma ininterrumpida por el PP bajo la presidencia de Juan José Imbroda. La operación fue una continuación de la anterior Operación Ópera, que en 2013 ya había resultado en la detención de varios cargos del gobierno melillense.

La Tosca supuso la detención de 15 personas —entre políticos, funcionarios y empresarios— y la imputación de otras 20. La investigación se extendía a once años de contratos del gobierno de Imbroda, buscando amaños en la adjudicación de contratos públicos a empresas como Eulen (seguridad), Himosa (electricidad) e Hispanagua SAU (aguas, filial del Canal de Isabel II), así como a la empresa pública Proyectos Melilla SA (Promesa). La UCO identificó la existencia de una trama organizada para el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos.

El escándalo alcanzó al propio presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, al que el Tribunal Supremo investigó por un presunto delito de prevaricación relacionado con la contratación directa de un abogado al que se pagaron 357.000 euros con fondos públicos fuera de cualquier procedimiento administrativo. Pese a las múltiples imputaciones, el gobierno de Imbroda mantuvo en sus puestos a los consejeros investigados, lo que generó una fuerte controversia política. Partidos de la oposición como Coalición por Melilla (CPM) denunciaron presiones políticas para evitar que los casos Tosca y Ópera llegaran a juicio.