Caso Torrevieja - PP

El Caso Torrevieja es un escándalo de corrupción urbanística que afectó al ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) durante el mandato de Pedro Hernández Mateo, alcalde del Partido Popular entre 1988 y 2012. El caso se hizo público en enero de 2007 cuando José Manuel Dolón, concejal de Los Verdes, presentó una denuncia que demostraba que el alcalde había diseñado un "plan preconcebido" para adjudicar fraudulentamente el mayor contrato municipal de la historia de la ciudad: el servicio de recogida de basuras, valorado en 96 millones de euros para un período de 10 años. La investigación judicial reveló un elaborado sistema de manipulación administrativa para favorecer a la UTE formada por Necso Entrecanales Cubiertas (actual Acciona) y Grupo Generala de Servicios.

La trama operaba mediante múltiples mecanismos de fraude. Hernández Mateo encargó informes jurídicos externos a tres bufetes de abogados para justificar la adjudicación, pero en realidad solo consultó al despacho Ariño y Asociados, que mantenía relaciones comerciales lucrativas con Acciona, la empresa beneficiaria del contrato. Este informe, que costó 12.000 euros al erario público, fue utilizado para eludir los informes técnicos internos contrarios a la adjudicación. Además, el alcalde manipuló la composición de la mesa de contratación, aumentando el número de miembros en dos personas para garantizar votos favorables a su propuesta. La investigación determinó que todo el proceso administrativo estuvo "preordenado" hacia un único objetivo: adjudicar el contrato de basuras a la UTE Necso-Generala.

En noviembre de 2012, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condenó a Pedro Hernández Mateo a tres años de prisión, siete años de inhabilitación para cargos electos locales y una multa de 10.500 euros por delitos de falsedad documental y prevaricación continuada. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia en octubre de 2013, rechazando el recurso de casación. Tras un intento fallido de obtener el indulto, Hernández Mateo ingresó en la prisión de Campos del Río (Murcia) el 30 de julio de 2014 y cumplió íntegramente su condena hasta el 28 de julio de 2017. La polémica se reavivó en diciembre de 2021 cuando el ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por Eduardo Dolón (PP), antiguo teniente de alcalde de Hernández Mateo, le otorgó el premio Diego Ramírez Pastor, la máxima distinción municipal, ignorando una resolución del Parlamento Valenciano que instaba a no honrar a cargos públicos condenados por corrupción.