Caso Torres de Calatrava - PP

El Caso Torres de Calatrava se refiere al pago de 15 millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana al arquitecto Santiago Calatrava por el diseño de un proyecto de tres rascacielos de lujo que nunca llegaron a construirse. En noviembre de 2004, la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y el presidente de la Generalitat Francisco Camps presentaron un ambicioso complejo arquitectónico que consistiría en tres torres denominadas Valencia, Castellón y Alicante, con alturas de 308, 266 y 220 metros respectivamente. El proyecto tenía un coste estimado total de aproximadamente 450 millones de euros y se ubicaría cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

A pesar de las evidentes dificultades técnicas y legales que planteaba el proyecto desde su inicio, la administración valenciana del PP firmó un contrato con Calatrava que implicaba el pago de 15 millones de euros únicamente por el diseño del proyecto. Entre los obstáculos se encontraban conflictos relacionados con la propiedad de las parcelas donde se construirían las torres, así como el hecho de que el terreno estaba situado en la senda de aproximación del aeropuerto de Manises, lo que comprometía seriamente la viabilidad del proyecto. El contrato se firmó diez meses después de que Calatrava y Camps ya hubieran presentado públicamente las torres, en una parcela sujeta a disputa legal.

En abril de 2011, Esquerra Unida del País Valencià presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia por posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude fiscal. La investigación reveló que los pagos a Calatrava ascendieron a 15,2 millones de euros (y no 2,6 millones como se creía inicialmente) por un proyecto que nunca se ejecutó. Sin embargo, en noviembre de 2011, la Fiscalía archivó la investigación argumentando que "no existe la figura delictiva del derroche del dinero público por quienes gestionan ese dinero", concluyendo que no había delito pese a reconocer el despilfarro de fondos públicos.