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Hechos y resultado penal

Tras el cierre de Gandia TV en julio de 2011, IPG contrató servicios audiovisuales en 2012. El litigio penal terminó centrado en el convenio de resolución de 2013 con Comarques Centrals Televisió. La Audiencia calculó un exceso indemnizable que no había constituido la base de las acusaciones. El Supremo consideró vulnerado el derecho de defensa y anuló la condena, extendiendo el resultado a Torró aunque su propio recurso había quedado desierto. No se atribuye a los acusados un beneficio personal como hecho penalmente acreditado.

Importes y vía contable

Los más de siete millones de euros mencionados en la información histórica son volumen de servicios y prórrogas, no daño probado. La indemnización penal de 135.812,50 euros quedó sin efecto con la absolución. El reintegro contable de 283.125 euros más intereses procede de otra jurisdicción: no se suma a aquella indemnización ni al volumen contractual. La prensa calculaba unos 350.000 euros con intereses en diciembre de 2023; esa cifra no se presenta como principal ni como liquidación actual verificada.

Límites de la revisión

La STS 437/2026 y su segunda sentencia están disponibles en el original oficial de 31 páginas. La segunda sentencia absuelve a los dos condenados, elimina la responsabilidad civil derivada del delito, mantiene los demás pronunciamientos absolutorios y declara de oficio las costas de primera instancia. Ambas resoluciones indican que no cabe recurso. La revisión ha contrastado la cabecera, los fundamentos 3.4–3.6 y los fallos; no se presenta como lectura íntegra de las 31 páginas.

Faltan la sentencia original de la Audiencia, las resoluciones contables y la providencia contenciosa de diciembre de 2023. La URL antigua del libro de resoluciones contables redirige a un buscador. Las fechas y resultados contables se apoyan en la reproducción jurídica de la sentencia 9/2022 y en la prensa citada, sin inferir su ejecución actual.

Quedan pendientes los originales, la ejecución o revisión de la responsabilidad contable y la comprobación de novedades hasta el corte del 17 de octubre de 2026. La referencia periodística a la firmeza contable no sustituye su verificación documental. No se deduce el estado contable de la absolución penal ni se atribuye relación causal entre este caso y el fallecimiento de Torró. El fallo de la Audiencia reproducido por el Supremo impuso seis años y seis meses de inhabilitación absoluta al autor y tres años y medio al cooperador; esas penas quedaron sin efecto con la absolución, sin que las cifras discrepantes de algunas noticias alteren el original.