Tele7 - PP

El caso Tele7 se origina en julio de 2011, cuando el Ayuntamiento de Gandía (Valencia), gobernado por el PP bajo la alcaldía de Arturo Torró, cerró la televisión municipal Gandía TV. La gestión de los servicios de comunicación audiovisual pasó entonces a la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandía (IPG). En 2012, IPG adjudicó dos contratos para la prestación de servicios de comunicación audiovisual a dos empresas privadas: Comarques Central Televisió SL (CCTV) y la empresa Inversiones Especiales del Mediterráneo SL, conocida comercialmente como Tele 7.

El importe total abonado a ambas empresas por producciones audiovisuales y reemisiones superó los siete millones de euros durante la vigencia de los contratos y sus prórrogas entre 2012 y 2015. La investigación judicial determinó que los contratos fueron adjudicados de forma irregular, sin seguir los procedimientos legales de contratación pública, y con beneficio personal para el alcalde.

En abril de 2023, la Audiencia Provincial de Valencia condenó al exalcalde Arturo Torró a tres años y medio de prisión como autor de un delito de malversación de caudales públicos, con inhabilitación absoluta por seis años y seis meses. Junto a él fue condenado Ricardo Manuel Faura, exadministrador de Comarques Central Televisió, a un año y nueve meses de prisión como cooperador necesario en la malversación. Ambos fueron condenados solidariamente a indemnizar al Ayuntamiento de Gandía con 135.812,50 euros. Posteriormente, el Tribunal de Cuentas también condenó a Torró a pagar 283.000 euros adicionales. Arturo Torró fue asesinado a tiros en febrero de 2025 en circunstancias que no están relacionadas con este caso.