Caso Teatro - PP

El caso Teatro es un escándalo de corrupción municipal en Getafe (Madrid) que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para la construcción del Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas (CEPAAE) en el antiguo Teatro de la calle Madrid. El proyecto fue una de las grandes promesas electorales del alcalde del PP Juan Soler, quien ganó la alcaldía en 2011 tras derrotar al socialista Pedro Castro, que había gobernado la ciudad durante 28 años. La denuncia fue presentada en 2015 por Roberto Benítez, fundador del partido local Impulsa Getafe, señalando que los contratos de demolición del antiguo teatro y redacción del proyecto básico de obra nueva se habían tramitado de forma irregular a través de la empresa municipal GISA, eludiendo los procedimientos de concurso público.

Según la Fiscalía Anticorrupción, las empresas adjudicatarias Vegas Arquitectura y Dragados intercambiaban información privilegiada sobre sus encargos y tenían una influencia indebida en el proceso de contratación. El estudio de arquitectura A-Cero, de Joaquín Torres, tenía "un poder de decisión fuera de lo normal" en los proyectos del Ayuntamiento, y su propietario habría cenado con el alcalde Soler para fijar los presupuestos de las licitaciones. La Policía Judicial realizó dos operaciones en el Ayuntamiento de Getafe, en marzo y junio de 2016, con registros y detenciones de técnicos municipales. El informe policial acusó a Soler de amañar contratos en favor de empresas afines y señaló indicios de prevaricación en la tramitación urbanística del proyecto.

El caso se desarrolló durante años con una larga instrucción judicial. La imputación de Soler fue revocada por la Audiencia Provincial de Madrid en enero de 2020 por defectos procesales al ser aforado como senador. En febrero de 2021 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Getafe abrió juicio oral únicamente contra los concejales Fernando Lázaro y Paz Álvarez por presunto delito de prevaricación administrativa, con la Fiscalía pidiendo hasta 8 años de inhabilitación especial para cada uno. El concejal Fernando Lázaro renunció a su acta en diciembre de 2021. El caso permanece pendiente de resolución judicial definitiva.