Caso Taula - PP
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Descripción del caso
El Caso Taula, también conocido como Caso Imelsa u Operación Taula, constituye una de las investigaciones de corrupción más extensas en la Comunidad Valenciana, que destapó una red de adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales, junto con un sistema de financiación ilegal del Partido Popular de Valencia durante la etapa de Rita Barberá como alcaldesa. La investigación comenzó en 2014 a partir de grabaciones realizadas por Marcos Benavent, exgerente de Imelsa (empresa pública de la Diputación de Valencia), quien se autoproclamó "el yonki del dinero" y confesó haber participado en una trama de corrupción que afectaba a múltiples instituciones valencianas.
El caso se articula en torno a cuatro focos principales de investigación: Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat Valenciana para construcción de colegios públicos) y la Fundación Jaume II El Just. La trama funcionaba mediante un sistema de adjudicaciones amañadas en las que empresarios pagaban comisiones a funcionarios y cargos del PP a cambio de obtener contratos públicos sobrevalorados. Según las investigaciones, entre 2003 y 2015 se produjeron centenares de adjudicaciones irregulares que causaron un perjuicio estimado en más de 1.300 millones de euros a las arcas públicas.
Uno de los aspectos más graves del caso fue el descubrimiento de la contabilidad en B del PP de Valencia, gestionada por Carmen García-Fuster, secretaria del grupo municipal y persona de máxima confianza de Rita Barberá. Los papeles intervenidos revelaron que desde 1995 se llevaba una contabilidad paralela manuscrita en cuadernos donde se anotaban las donaciones ilegales de empresas contratistas. Solo para las campañas electorales de 2007 y 2011, se documentaron aportaciones irregulares por valor de 1,6 millones de euros procedentes de empresas que luego obtenían contratos públicos. El sistema incluía operaciones de blanqueo mediante las cuales concejales, asesores y personal administrativo del PP transferían 1.000 euros que luego recuperaban en efectivo como dinero negro.
El caso salió a la luz pública el 26 de enero de 2016 cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ejecutó la Operación Taula, deteniendo al expresidente de la Diputación Alfonso Rus y realizando más de 15 registros simultáneos en Valencia. Desde entonces, el caso se ha fragmentado en más de diez piezas separadas que se encuentran en diferentes fases judiciales. Entre enero de 2023 y julio de 2025 se han dictado al menos cinco sentencias condenatorias, incluyendo las condenas de cinco años de prisión para Alfonso Rus y Máximo Caturla por la pieza de los "zombies" de Imelsa (empleados que cobraban sin trabajar), cuatro años y medio para Alfonso Grau por financiación ilegal del PP, y siete años y cuatro meses para Marcos Benavent por blanqueo de capitales. El caso continúa activo con juicios pendientes programados hasta 2026.
Resumen
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