Caso Serrallo - PP

El caso Serrallo investiga la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada durante los mandatos del PP bajo el alcalde José Torres Hurtado. La trama se origina en una concesión administrativa otorgada en 2006 para la construcción de un parque de atracciones infantil en una zona verde junto al centro comercial Serrallo Plaza. Sin embargo, la concesión fue modificada sucesivamente para incorporar varios edificios sin licencia de obra, permitiendo que el promotor Roberto García Arrabal construyera una discoteca, sala de fiestas y pista de patinaje con bar en terrenos que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) destinaba exclusivamente a uso de parque público infantil.

Los hechos salieron a la luz en julio de 2013 mediante un escrito presentado ante la Junta de Andalucía que llegó a la Fiscalía en septiembre de ese mismo año. La Fiscalía Anticorrupción denunció las irregularidades en febrero de 2014. La instrucción judicial, llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada, investigó delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, fraude en la contratación y tráfico de influencias. En abril de 2016, en el marco de la llamada Operación Nazarí, la UDEF detuvo al alcalde Torres Hurtado, a la concejala de Urbanismo Isabel Nieto y a otras 14 personas, entre empresarios y funcionarios. Ambos cargos municipales dimitieron días después, poniendo fin a 13 años de gobierno ininterrumpido del PP en Granada.

El juicio oral, celebrado en la Audiencia Provincial de Granada a lo largo de 2020, concluyó con la absolución del exalcalde Torres Hurtado, ocho exconcejales y cinco funcionarios. La única condena firme recayó sobre Isabel Nieto, condenada a 7 años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa, junto al funcionario Emilio Martín Herrera (7 años de inhabilitación) y el empresario Roberto García Arrabal (3 años y 6 meses de inhabilitación), como cooperadores necesarios. El Tribunal Supremo confirmó estas tres condenas en noviembre de 2022, desestimando los recursos de casación presentados por los condenados. El caso obligó al Ayuntamiento de Granada a afrontar un perjuicio económico estimado en torno al millón de euros.