Caso Santa Brígida (Operación Brisán) - PP
Descripción del caso
El Caso Santa Brígida, conocido como Operación Brisán (nombre formado por las primeras sílabas del municipio al revés), fue una investigación sobre corrupción municipal en el Ayuntamiento de Santa Brígida, Gran Canaria, durante los gobiernos del Partido Popular entre 2000 y 2006. La operación se inició el 25 de octubre de 2007 con la detención de varios exalcaldes y funcionarios municipales.
La trama principal investigaba un presunto esquema de facturas falsas y contrataciones irregulares. Durante siete años (2000-2006), el Ayuntamiento facturó a la empresa Morales Ravelo 808.220 euros sin que ninguna factura superara los 12.020 euros, lo que la Guardia Civil interpretó como fraccionamiento intencionado para eludir los requisitos legales de contratación pública. El exconcejal Luis Troya autorizó gran cantidad de órdenes de pago para adquirir material en la ferretería, mientras mantenía ocultos sus vínculos con la empresa a través de una sociedad de la que era socio mayoritario.
El caso tuvo diferentes desenlaces judiciales. Por un lado, los exalcaldes Carmelo Vega y Luis Troya fueron condenados a nueve años de inhabilitación por prevaricación en el "caso del parterre". Antonio Díaz, que fue alcalde entre 2005 y 2007, fue condenado inicialmente a cinco años de cárcel por prevaricación, falsedad y fraude, pero posteriormente fue absuelto por el Tribunal Supremo en mayo de 2018. Doce años después del inicio de la Operación Brisán, los cuatro encausados en la trama de facturas falsas fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Las Palmas al no considerarse acreditada la existencia de fraude.
Resumen
Implicados
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