San Antonio - PP

El caso San Antonio tiene su origen en febrero de 2007, cuando el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Alfonso Alonso, y el concejal de Hacienda, Javier Maroto, aprobaron un contrato de alquiler para unas oficinas situadas en la calle San Antonio de la capital alavesa por un importe de 7,6 millones de euros a pagar durante 20 años. El propietario del inmueble era el empresario Gonzalo Antón, quien había comprado el edificio apenas un año antes por 2,7 millones de euros.

El contrato incluía una cláusula de protección para el propietario: si el contrato se rescindía, el Ayuntamiento de Vitoria debería abonar la totalidad de las rentas de los 20 años restantes. Diversos informes técnicos y periciales determinaron que el precio pactado era muy superior al valor de mercado, causando un perjuicio económico a las arcas municipales de 393.000 euros.

En mayo de 2016, el Tribunal de Cuentas dictó una sentencia contra Alonso y Maroto, ordenándoles pagar esos 393.000 euros al haber considerado que el equipo de gobierno causó una pérdida económica al Ayuntamiento de Vitoria por firmar un contrato público con el empresario Gonzalo Antón a un precio muy por encima del valor de mercado. Sin embargo, tras la apelación de los políticos, el Tribunal de Cuentas revirtió su decisión justo antes de Navidad de 2016, absolviéndoles. El caso fue finalmente archivado sin responsabilidades penales, si bien el daño reputacional para los dos dirigentes del PP fue notable.

Alfonso Alonso llegó a ser ministro de Sanidad del Gobierno de Rajoy, mientras que Javier Maroto se convirtió en senador y uno de los dirigentes nacionales del PP. El caso San Antonio acompañó toda su carrera política posterior como una sombra.