Caso RTVV - PP

Radiotelevisión Valenciana (RTVV) fue creada en 1989 como ente público de la Comunitat Valenciana. Bajo los sucesivos gobiernos del PP —presididos por Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra—, el ente fue sometido a un uso sistemáticamente partidista, con manipulación informativa, contrataciones irregulares y un despilfarro económico que acabó generando una deuda cercana a los 1.200 millones de euros. Directivos colocados por el PP controlaban los contenidos directamente desde la Presidencia de la Generalitat, con instrucciones políticas explícitas sobre qué emitir y a quién beneficiar.

El escándalo más grave en materia penal fue la contratación irregular vinculada a la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. El entonces director general de RTVV, Pedro García Gimeno —ex jefe de prensa de Francisco Camps—, adjudicó contratos por más de 7 millones de euros a Teconsa, una empresa leonesa de construcción sin experiencia audiovisual perteneciente a la trama Gürtel, para la cobertura técnica del evento. El sobrecoste fraudulento ascendió a 3,2 millones de euros, que fueron repartidos entre los cabecillas de la red corrupta Francisco Correa, Pablo Crespo, Ramón Blanco Balín y Álvaro Pérez. En 2020, la Audiencia Nacional condenó a García Gimeno a 6 años y 9 meses de prisión por prevaricación, malversación, cohecho pasivo, fraude contra la Administración pública, falsificación de documento oficial y delitos contra la Hacienda pública.

Al margen de la pieza Gürtel, Compromís presentó en 2014 una denuncia ante los juzgados por la gestión económica y patrimonial de los directivos de RTVV, responsabilizándoles de la deuda de casi 1.600 millones de euros dejada al cierre. El caso fue investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna, pero todos los imputados —José López Jaraba, Luis Redondo, Nuria Romeral, Lluís Motes y la exconsellera Lola Johnson— fueron sobreseídos de forma provisional entre 2015 y 2017 por falta de indicios. El caso concluyó definitivamente con sentencia absolutoria de la Audiencia de Valencia, sin condenas por la gestión del ente.

El cierre de RTVV se produjo de forma traumática en noviembre de 2013: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declaró nulo el ERE de casi 1.200 trabajadores por vulnerar el principio de igualdad, y el president Alberto Fabra respondió decretando el cierre fulminante del ente en lugar de readmitir a los despedidos. El 29 de noviembre de 2013, la policía desconectó físicamente la señal de Canal 9 mientras los trabajadores emitían bajo control obrero. Unas 60.000 personas se manifestaron contra el cierre. La liquidación dejó una deuda pública de más de 1.200 millones de euros sin que ningún responsable político fuera condenado por la gestión que la provocó.