Caso Rosinos - PP
Descripción del caso
El Caso Rosinos es una investigación por prevaricación administrativa que afecta a Ángel Prada Barrios, exdiputado del Partido Popular y alcalde de Rosinos de la Requejada (Zamora) durante 40 años consecutivos desde 1979. El caso se centra en la actuación irregular del alcalde al permitir que su hija ocupara simultáneamente dos cargos públicos incompatibles entre sí: el puesto de secretaria de la Agrupación de Municipios de Sanabria-Carballeda (de forma interina) y un puesto como personal laboral en el Ayuntamiento de Galende. Esta situación de incompatibilidad se mantuvo durante casi seis años, desde el 22 de noviembre de 2005 hasta el 7 de noviembre de 2011, cuando la hija solicitó excedencia tras las advertencias de la Junta de Castilla y León.
El delito de prevaricación no se atribuye a Ángel Prada por haber participado directamente en el nombramiento de su hija en la Agrupación de Municipios (del cual se apartó formalmente), sino por su "pasividad total para restaurar la legalidad" una vez la Junta de Castilla y León le requirió expresamente para que separara a su hija del puesto de secretaria debido a la incompatibilidad. La magistrada que instruyó el caso criticó duramente la actitud del alcalde, considerando que con su inacción "perseguía hacer efectiva su voluntad, manteniendo en su cargo frente a la legalidad". La conducta obligó a la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Junta a actuar de oficio ante la total pasividad del regidor del PP.
El Juzgado de lo Penal de Zamora condenó en primera instancia a Ángel Prada en 2016 a siete años de inhabilitación para el ejercicio de cualquier empleo o cargo público. Tras recursos por ambas partes (fiscalía y defensa), la Audiencia Provincial de Zamora confirmó la sentencia condenatoria. Como consecuencia de la condena firme, el 1 de agosto de 2018, Ángel Prada se vio forzado a presentar su dimisión tanto como diputado provincial en la Diputación de Zamora como alcalde de Rosinos de la Requejada. En su despedida pública, Prada defendió que actuó "por desconocimiento de la ley, no por incumplimiento", alegando que "los alcaldes de pequeños municipios no cuentan con estudios ni medios ni superiores y muchas veces se desconocen las leyes de personal". El PP expulsó a Prada del partido tras el inicio del procedimiento judicial.
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