Fraude Fiscal de Rodrigo Rato - PP
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Descripción del caso
El caso de fraude fiscal de Rodrigo Rato constituye uno de los episodios más relevantes de elusión tributaria protagonizados por altos cargos políticos en España. La investigación, iniciada en abril de 2015 por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), se centró en el origen y gestión del patrimonio del exministro de Economía y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), acumulado durante su paso por el Gobierno de José María Aznar (1996-2004) y su posterior etapa en el FMI (2004-2007).
El caso saltó a la luz pública cuando se conoció que Rodrigo Rato se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2012. Sin embargo, la investigación reveló que Rato omitió declarar activos significativos en este proceso de regularización, declarando únicamente 115.333 euros de activos en el extranjero cuando sus posesiones reales eran muy superiores. Esta circunstancia alertó a la Agencia Tributaria sobre posibles irregularidades en la gestión de su patrimonio.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, que duró más de nueve años y acumuló más de 70.000 documentos, reveló que Rato habría defraudado a la Hacienda Pública española más de 8 millones de euros entre 2004 y 2015 mediante un complejo entramado de sociedades offshore. Desde 1999, el exministro mantuvo sus activos ocultos del Fisco español a través de la empresa irlandesa Red Rose Investment, las sociedades panameñas Red Rose Financial Enterprise y Westcastle Corporation, y la empresa británica Vivaway Limited. Estas empresas instrumentales, gestionadas mediante testaferros sin actividad empresarial conocida, le permitieron eludir sus obligaciones fiscales en España mientras acumulaba rentas y plusvalías no declaradas.
El núcleo de la acusación se centraba en tres ejercicios fiscales específicos: 2006 (cuando Rato residía en Washington como director del FMI pero mantenía sus intereses económicos en España), 2013 y 2014 (cuando ya había regresado a España tras su paso por Bankia). Para el año 2006, la defraudación se estimó en 761.020 euros; en 2013 habría dejado de declarar 162.000 euros; y en 2014, el fraude ascendió a 1,2 millones de euros. Es especialmente significativo que Rato continuara defraudando a Hacienda en 2013 y 2014 incluso cuando ya estaba siendo investigado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid/Bankia, lo que demuestra según la acusación un "modus operandi" sistemático de ocultación patrimonial.
El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Madrid entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, con 56 sesiones en las que comparecieron Rodrigo Rato y otros 15 acusados, incluidos asesores fiscales y gestores de las sociedades offshore. Durante el proceso, Rato negó los hechos y acusó a exministros del PP de "fabricar" la causa contra él. La Fiscalía Anticorrupción inicialmente solicitó 63 años de prisión (posteriormente ampliados a 83 años) por una decena de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
En diciembre de 2024, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de prisión como autor de tres delitos contra la Hacienda Pública (ejercicios 2006, 2013 y 2014), un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. El tribunal le absolvió de los delitos fiscales correspondientes a los ejercicios 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015 por falta de pruebas suficientes. Además de la pena de prisión, Rato fue condenado a pagar multas superiores a dos millones de euros y a devolver 568.413 euros a la Hacienda Pública. El tribunal apreció dilaciones indebidas "muy cualificadas" dado que la causa duró más de nueve años, lo que comportó una rebaja de pena.
La sentencia, de más de 1.200 folios, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, recurso que Rato anunció interponer en febrero de 2025. Este caso se suma a la condena previa de Rato por las tarjetas black de Caja Madrid (4 años y 6 meses de prisión ratificados por el Supremo en octubre de 2018, por los que cumplió condena en la prisión de Soto del Real hasta su libertad condicional). El caso ejemplifica el uso de estructuras offshore complejas para la elusión fiscal por parte de altos cargos políticos y la dificultad del sistema judicial español para perseguir estos delitos económicos de forma ágil.
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