Púnica/Financiación PP - PP

La pieza de financiación ilegal del PP en la Operación Púnica es una de las ramificaciones más graves de la macrocausa iniciada en octubre de 2014. La investigación destapó un sistema de "caja B" con el que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid financió sus campañas electorales de 2007, 2008 y 2011 mediante donaciones irregulares de empresarios que, a cambio, recibían contratos públicos adjudicados con irregularidades. La trama fue orquestada por el empresario David Marjaliza —socio oculto de Francisco Granados— y articulada a través de la fundación Fundescam, vinculada al PP madrileño y presidida inicialmente por Pío García Escudero.

Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior, y exsenador, actuaba como el principal recolector de fondos ilegales para el partido. Según la UCO de la Guardia Civil, el PP de Madrid declaró haber gastado 2.986.624 euros en la campaña electoral autonómica de 2011, cuando en realidad habría gastado 6,2 millones de euros, sufragados en parte con donaciones ilegales de empresarios y con subvenciones públicas desviadas de su finalidad. La constructora OHL, del empresario Javier López Madrid, aportó 1.250.000 euros a la caja B del partido, cantidad que fue registrada por el entonces gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, en documentación interna secreta intervenida por la justicia.

El dinero se canalizaba a través de Fundescam, que recibía grandes sumas de empresarios investigados en los casos Gürtel y Púnica. La fundación sufragó con fondos públicos —subvenciones destinadas a estudiar los efectos de la crisis en el empleo— gastos de campaña, cenas de Navidad, encuestas de intención de voto y actos del partido y de sus Nuevas Generaciones. Granados y Marjaliza tenían además 19 cuentas bancarias millonarias en Suiza y otros fondos en Singapur, con un patrimonio oculto de al menos 33,5 millones de euros blanqueado a través de un complejo entramado societario con testaferros en varios países.

Tres presidentes autonómicos —Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes— fueron investigados en esta pieza y finalmente quedaron fuera de la causa. En abril de 2024, la Audiencia Nacional abrió juicio oral contra ocho acusados, entre ellos Granados y Beltrán Gutiérrez, por delito electoral y, en el caso de Granados, también por prevaricación, tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Granados 7 años y 10 meses de prisión y una multa de 284.000 euros. El juicio oral está pendiente de celebración a fecha de redacción de este expediente.