Caso Púnica/Valdemoro - PP

El Caso Púnica/Valdemoro es una de las piezas más lucrativas de la macrotrama de corrupción Púnica, centrada en el saqueo urbanístico del municipio madrileño de Valdemoro entre 1999 y 2014. La trama articulada por Francisco Granados, alcalde de Valdemoro desde 1999 hasta 2003, consistió en un sistema de recalificación masiva de terrenos rústicos a suelo urbano edificable a cambio de comisiones ilegales que alcanzaron entre el 10% y el 20% del valor de las operaciones. Según las investigaciones de la UCO, Granados convocó a los principales constructores del municipio, entre ellos David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna, a una reunión donde les comunicó que solo se recalificarían aquellos terrenos que ellos previamente compraran, estableciendo así un sistema de "peaje urbanístico" que permitió generar plusvalías estimadas en 709 millones de euros mediante la recalificación de 1,12 millones de metros cuadrados de suelo.

El modus operandi era sencillo pero devastador para el erario público: los empresarios compraban terrenos rústicos a precios bajos tras recibir información privilegiada de Granados sobre las futuras modificaciones del planeamiento urbanístico, el ayuntamiento procedía a recalificar esos terrenos como suelo urbanizable, y posteriormente se vendían o desarrollaban con márgenes de beneficio del 20% que se compartían con los políticos corruptos. El testimonio de Marjaliza reveló que "la única forma de que se recalificara un terreno era que lo compráramos nosotros. Decíamos a los propietarios que si nos vendían, el lápiz iría por ahí, y si no, no iría". La trama controló desarrollos urbanísticos como el barrio de Las Zanjas Norte, con 693 viviendas, donde Marjaliza era propietario del 60% del suelo y triplicó sus beneficios gracias a cambios urbanísticos favorables.

Paralelamente a la corrupción urbanística, cuando José Carlos Boza asumió la alcaldía de Valdemoro en 2011, la trama evolucionó hacia la adjudicación irregular de contratos públicos de servicios municipales. El 5 de diciembre de 2013, el ayuntamiento adjudicó a la multinacional Cofely un contrato de eficiencia energética valorado en 60,8 millones de euros con una duración de 15 años. Según la investigación judicial, Boza habría cobrado comisiones de casi 300.000 euros por amañar la licitación. Además, el ayuntamiento destinó el 2% del contrato (81.119 euros) a un estudio de consultoría encargado a Ruta Energética, una empresa de la red de Marjaliza, pese a que los informes fueron realizados por la propia Cofely que subcontrató a otra constructora del entramado. Marjaliza pagaba gastos municipales como las campanas de la iglesia, la cabalgata de reyes e incluso la nevera de la comisaría de Valdemoro, consolidando así el control total de la trama sobre las finanzas municipales.

Más de diez años después del estallido de la Operación Púnica en octubre de 2014, el caso de Valdemoro sigue abierto en los tribunales. En abril de 2025 comenzó en la Audiencia Nacional el juicio de la pieza 6 que investiga los contratos de Cofely en múltiples municipios, incluido Valdemoro, por un valor total de 224 millones de euros. José Carlos Boza se encuentra entre los cinco exalcaldes del PP que no admitieron los hechos, a diferencia de los exalcaldes socialistas de Parla y Serranillos que confesaron a cambio de rebajas de pena. El juicio fue declarado visto para sentencia el 26 de septiembre de 2025, quedando pendiente el fallo judicial que determinará las responsabilidades en una de las tramas de corrupción urbanística y contractual más devastadoras de la democracia española. Mientras tanto, varias piezas del caso relacionadas con Valdemoro fueron archivadas por falta de pruebas, incluyendo la pieza 5 sobre el contrato de parquímetros en 2023 y la pieza 10 sobre trabajos de reputación online en 2024.