Caso Púnica/Talamino - PP

El Caso Púnica/Talamino, también conocido como Pieza I Talamino, constituye la primera rama judicial de la macrotrama de la Operación Púnica que llegó a juicio y obtuvo condenas firmes. Este caso se centra específicamente en la filtración de información policial confidencial que comprometió gravemente la investigación anticorrupción más importante de la Comunidad de Madrid. El nombre "Talamino" hace referencia al apellido del agente de la Guardia Civil José Manuel Rodríguez Talamino, protagonista del "chivatazo" que permitió a los investigados destruir pruebas y ocultar dinero en efectivo antes de las detenciones masivas de octubre de 2014.

La noche del 5 de septiembre de 2014, durante las fiestas patronales de Valdemoro (Madrid), el agente Rodríguez Talamino, miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se acercó al exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y le alertó sobre una vigilancia policial activa. Talamino, que había recibido órdenes de instalar una cámara oculta frente a las oficinas del empresario David Marjaliza en Pinto, comentó a Granados que tenían "tanto trabajo que la unidad ha llegado a Valdemoro" y que la UCO estaba monitorizando el edificio Éboli donde Marjaliza operaba sus negocios. Esta información confidencial fue transmitida por José Luis Caro Vinagre, exagente de la Guardia Civil en excedencia que trabajaba como asesor de seguridad contratado por la Comunidad de Madrid durante el mandato de Granados como consejero de Interior.

Al día siguiente, el 6 de septiembre de 2014, Francisco Granados contactó telefónicamente con David Marjaliza para advertirle de la vigilancia policial. Esta filtración tuvo consecuencias inmediatas y graves para la investigación: Granados ordenó a Marjaliza destruir toda la documentación que le vinculaba con sus empresas, incluyendo albaranes de regalos y organigramas empresariales. Marjaliza encargó a un subordinado la destrucción de estos documentos comprometedores y trasladó información sensible sobre cuentas bancarias en Suiza y Singapur a la vivienda de su secretaria. Por su parte, Granados ocultó casi un millón de euros en efectivo (972.000 euros) en la casa de sus suegros, dinero que la Guardia Civil descubrió posteriormente en diciembre de 2015. Este ocultamiento de pruebas y dinero causó "daños graves" a la investigación policial según determinó el Tribunal Supremo, al permitir que los investigados desarticularan el rastro económico de la trama corrupta y borraran evidencias documentales fundamentales.

El 4 de diciembre de 2017, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó la primera sentencia del macrocaso Púnica, condenando a Francisco Granados y José Manuel Rodríguez Talamino a dos años de prisión cada uno, y a José Luis Caro Vinagre a un año y seis meses. Los magistrados declararon probados los delitos de aprovechamiento de secretos revelados por funcionario público (en el caso de Granados y Caro Vinagre) y revelación de secretos agravada (para Talamino), además de imponer a este último cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El 14 de marzo de 2019, la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó íntegramente estas condenas mediante la sentencia 138/2019, convirtiéndolas en firmes. El Alto Tribunal subrayó que la filtración proporcionó un "beneficio económico" directo a Granados y Marjaliza al permitirles ocultar efectivo y eliminar pruebas de la investigación específica y avanzada de la que se enteraron que estaban siendo objeto.

Esta pieza judicial representa un precedente significativo porque establece jurisprudencia sobre la gravedad de las filtraciones policiales en casos de corrupción política y los daños irreparables que causan a las investigaciones. Aunque el Caso Púnica/Talamino es solo una pequeña fracción del macrosumario de la Operación Púnica, su importancia radica en haber sido la primera condena firme obtenida en toda la trama, demostrando la existencia de complicidades entre cargos públicos del PP y fuerzas de seguridad que comprometieron la integridad de las investigaciones anticorrupción en la Comunidad de Madrid.