Púnica/Waiter Music

Esta ficha se limita a la pieza 7 de Púnica, relativa a Waiter Music. La causa de origen se incoó en junio de 2014; los contratos examinados incluyen relaciones comerciales de Valdemoro entre 2004 y 2013 y de otros municipios desde 2007. Los antecedentes de la sentencia sitúan la formación de esta pieza en el 10 de septiembre de 2020, su continuación por procedimiento abreviado en julio de 2021 y la apertura de juicio oral en julio de 2022.

La sentencia considera probado que expedientes de festejos estaban predeterminados para favorecer a Waiter Music o a empresas controladas por José Luis Huerta. La empresa organizaba fiestas patronales, cabalgatas y otros actos y, a la vez, prestaba servicios privados o partidistas no facturados a sus beneficiarios. El tribunal describe a Granados como impulsor y facilitador desde su posición de influencia política, sin convertirlo en gestor material de cada expediente. Huerta falleció antes del juicio: describir su intervención no equivale a atribuirle una condena que no pudo dictarse.

El comunicado judicial identifica las principales penas de prisión: dos años y seis meses para Granados; cuatro para Boza; y dos para Moreno, Herrera y Estrada. La información de El País añade a Erguido y las absoluciones de Carmen Plata y Lorenzo del Triunfo. Los antiguos jefes de gabinete María del Carmen Benito y Alfredo Ovejero y el exconcejal Rafael Marín recibieron también dos años. El fallo publicado distingue a Ricardo Godino, condenado a inhabilitación por prevaricación, sin pena de prisión.

Las cuatro absoluciones totales corresponden a Esteban Parro, Daniel Ortiz, Carmen Plata y Lorenzo del Triunfo. Los condenados son absueltos de los restantes delitos por los que venían acusados en los términos del fallo. Las sociedades Waiter Music, Waiter Music Records y Saranais aparecen en el juicio como posibles responsables civiles subsidiarias, no como personas jurídicas condenadas penalmente por esta sentencia. Los archivos previos, el fallecimiento de Huerta y las absoluciones impiden presentar todas las personas investigadas como responsables condenados.

La decisión penal no se confunde con un balance económico. La sentencia explica que no quedó probado que los ayuntamientos pagaran sobrecostes ajenos a servicios realizados y no declara responsabilidad civil ni decomiso. Las cantidades solicitadas por las acusaciones, la facturación de las empresas y el importe nominal de las adjudicaciones son conceptos diferentes. Tampoco se suma esta contratación con la pieza Cofely o con otras fichas de Púnica.

El antecedente de Aranjuez tiene un alcance distinto del fallo penal aquí reseñado. La nota municipal de 16 de julio de 2015 anuncia la rescisión del contrato y cifra la facturación de cuatro años en 717.108,28 euros más IVA. Esa comunicación no demuestra por sí sola un daño, la ilegalidad de todos los contratos o la condena de responsables municipales de Aranjuez. Tampoco permite fechar la rescisión en noviembre de 2014.

La sentencia está fechada el 1 de julio de 2026 y fue difundida el día 2. Aplica una atenuante simple de dilaciones indebidas y ofrece recurso de casación. No se ha contrastado una resolución posterior que cierre la firmeza individual. Además, el texto publicado contiene reiteraciones de pronunciamientos de prevaricación para algunos acusados; sin posibles aclaraciones posteriores no se fija aquí un total agregado de todas las inhabilitaciones. Estas lagunas no alteran la distinción entre las condenas y las absoluciones recogidas, pero impiden dar el expediente por plenamente contrastado a 15 de octubre de 2026.