Caso Púnica - PP
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Descripción del caso
El Caso Púnica, cuyo nombre científico alude al granado (Punica granatum) en referencia velada a Francisco Granados, es una de las mayores tramas de corrupción urbanística y política descubiertas en España. El 27 de octubre de 2014, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a 51 políticos, concejales, funcionarios y empresarios acusados de formar parte de una organización criminal que adjudicó contratos públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales del 2-3% que se blanqueaban mediante un complejo entramado societario. La red operaba principalmente en la Comunidad de Madrid, con ramificaciones en Murcia, León y Valencia, infiltrándose en ayuntamientos y organismos autonómicos del Partido Popular.
La trama se articulaba en torno a Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y consejero de la Comunidad, quien coordinaba junto al empresario David Marjaliza la adjudicación irregular de contratos de eficiencia energética a la multinacional Cofely (filial de GDF Suez) en municipios como Parla (54,7 millones), Móstoles (60,4 millones), Valdemoro (50,3 millones) y Collado Villalba (35,5 millones). La investigación reveló también una caja B del PP de Madrid que habría financiado irregularmente campañas electorales entre 2003 y 2011 mediante donaciones de empresarios vinculados a la trama a través de la fundación Fundescam, facturas falsas por servicios inexistentes y sobrecostes en contratos de eventos musicales adjudicados a empresas como Waiter Music de José Luis Huerta Valbuena.
Diez años después de su inicio, el caso ha generado múltiples piezas separadas (inicialmente 12, ampliadas a 14 y reorganizadas en 11) para procesar de forma más ágil los diferentes delitos investigados. En abril de 2025 comenzó en la Audiencia Nacional el juicio principal contra 36 acusados, incluidos nueve exalcaldes, por los contratos amañados de Cofely valorados en 224 millones de euros, con 13 de ellos reconociendo los hechos a cambio de rebajas de pena. La pieza de la trama murciana concluyó en septiembre de 2025 con condenas de cuatro años de prisión para el exconsejero de Turismo Juan Carlos Ruiz y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso. Aunque tres expresidentas de la Comunidad de Madrid del PP (Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González) llegaron a ser imputadas en 2019, finalmente fueron sobreseídas por prescripción o falta de indicios. Francisco Granados tiene pendientes al menos cuatro juicios por diferentes ramificaciones del caso y ya cumple condena firme de dos años por filtrar información sobre la investigación.
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