Caso Pujalte - PP

El Caso Pujalte es una investigación judicial que afecta al exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte, investigado por presuntos delitos de falsedad documental y cohecho. La investigación se inició tras una denuncia presentada el 15 de junio de 2015 por la exsenadora del PP Ana Torme ante la Fiscalía de Valladolid, en la que acusaba a Martínez Pujalte, junto a Javier Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui y Alejandro Ballestero, de haberla engañado en operaciones comerciales a través de la consultora Sirga Siglo XXI, de la que ambos eran socios hasta 2011.

Según la denuncia de la Fiscalía de Valladolid presentada en mayo de 2016, Martínez Pujalte habría simulado la realización de trabajos inexistentes para diversas empresas mientras ejercía como diputado del PP, facturando exclusivamente a través de su consultora Sirga Siglo XXI. Entre estas empresas destacaba Collosa (Corporación Llorente), una constructora de Valladolid especializada en obra pública que pagó 75.000 euros a Sirga entre 2008 y 2009 por servicios de "asesoría estratégica empresarial" de los que, según la Fiscalía, no se aportó ningún informe y la asesoría era verbal, concluyendo el "carácter simulado en su integridad de las facturas". Durante ese mismo periodo, Collosa recibió contratos de la Junta de Castilla y León por valor de 134,4 millones de euros. La Agencia Tributaria detectó que Martínez Pujalte ingresó 3,5 millones de euros en 2015 que no correspondían a la facturación de Sirga XXI ni a su salario como diputado, y cuyo destino permanece desconocido. Además, Pujalte se contrató a sí mismo en su consultora para cobrar comisiones de hasta el 85% por los clientes que lograba captar.

La investigación implicó también a otros destacados miembros del PP: la exsenadora Ana Torme, el diputado Alejandro Llorente Muñoz (vicepresidente de Collosa), el exembajador de España en la India Gustavo de Arístegui, y el exdiputado Pedro Gómez de la Serna. El caso fue instruido por el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid. Finalmente, en mayo de 2018, la jueza archivó la causa al considerar que la Fiscalía solicitó el sobreseimiento por "indicios insuficientes" tras no encontrar pruebas concluyentes del carácter fraudulento de las facturas ni del delito de cohecho. La Fiscalía aceptó la versión de los investigados sobre la naturaleza de los informes y concluyó que no se había establecido la relación causal entre los pagos a Sirga y la obtención de subvenciones públicas por parte de las empresas.