Caso Puerta de Hierro - PP
Descripción del caso
El caso Puerta de Hierro engloba una serie de irregularidades vinculadas a la construcción, apertura y gestión del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, adjudicado en 2005 por el gobierno de Esperanza Aguirre a la UTE formada por Dragados, SUFI y Bovis Lend Lease bajo el modelo de colaboración público-privada. Poco antes de la inauguración del hospital en septiembre de 2008, la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid ordenó, sin seguir ningún procedimiento administrativo de modificación contractual, que las 135 habitaciones dobles previstas en el contrato original pasaran a ser individuales. Este cambio suprimió de facto 135 camas sin que el contrato económico fuera revisado, lo que significó que Madrid continuó pagando más de un millón de euros anuales durante años por camas que nunca existieron.
La irregularidad generó un perjuicio económico total de casi 30 millones de euros: 11,3 millones correspondientes a pagos indebidos entre 2013 y 2021, más 18,3 millones adicionales por los pagos que debían realizarse hasta el fin de la concesión en 2035. Además del escándalo de las "camas fantasma", se detectó que el hospital funcionó desde su inauguración hasta noviembre de 2016 sin los permisos de vertido al sistema integral de saneamiento, y desde septiembre de 2008 hasta abril de 2015 sin licencia de primera ocupación ni licencia de apertura de actividad calificada. La Fiscalía Anticorrupción presentó querella en diciembre de 2020 e impulsó investigaciones penales contra varios cargos públicos por prevaricación y malversación.
A pesar de la gravedad de las irregularidades, la vía penal terminó archivada sin condenas: el juzgado de instrucción número 53 de Madrid rechazó imputar a Esperanza Aguirre; la Audiencia Provincial de Madrid levantó los cargos contra Elena de Mingo Bolde, exdirectora general de Planificación e Infraestructuras, en enero de 2023; y el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid absolvió en julio de 2025 al exalcalde del PP de Majadahonda, Narciso de Foxá, y a dos exconcejales por el funcionamiento del hospital sin licencia. En la vía contencioso-administrativa, sin embargo, la Comunidad de Madrid fue condenada a pagar los casi 30 millones a la concesionaria.