Caso Porto - PP

El Caso Porto es un escándalo de corrupción urbanística que implicó a Enrique Porto Rey, director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid entre diciembre de 2003 y octubre de 2006, quien fue investigado por utilizar su cargo público para beneficiarse económicamente de la recalificación de terrenos de su propiedad en Villanueva de la Cañada. Porto, junto con varios socios empresariales, adquirió entre 1988 y 1994 terrenos rústicos por un valor total de 87.000 euros a través de la sociedad Elclansol. En 1999, Porto redactó como arquitecto privado el Plan General de Ordenación Urbana del municipio que recalificó estos terrenos como urbanizables, multiplicando exponencialmente su valor. Posteriormente, ya como director general de Urbanismo, autorizó en 2004 la subsanación de deficiencias graves que habían bloqueado el proyecto durante años, permitiendo finalmente su desarrollo urbanístico.

La trama operaba mediante un claro conflicto de intereses en el que Porto actuó como arquitecto redactor del plan urbanístico que beneficiaba sus propias inversiones, y posteriormente, desde su cargo institucional, aprobó las correcciones necesarias para desbloquear la urbanización. En enero de 2006, apenas dos años después de autorizar las subsanaciones, Porto y sus socios vendieron los terrenos a la constructora Fadesa por 4,3 millones de euros, obteniendo una ganancia aproximada de 4,6 millones de euros. Entre los socios de Porto se encontraban figuras como José María Fernández del Río, ex consejero de Caja Madrid, y Ricardo Ortega Aranegui, concuñado del alcalde de Villanueva de la Cañada Luis Partida (PP). La investigación también señaló al propio alcalde Partida y a su esposa Juana Manrique, arquitecta municipal, por su presunta participación en facilitar las recalificaciones irregulares.

La Fiscalía Anticorrupción presentó denuncia en octubre de 2006 por delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad documental, forzando la dimisión inmediata de Enrique Porto de su cargo. El Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles admitió a trámite la querella en octubre de 2007, acumulando las denuncias presentadas previamente por Ecologistas en Acción en febrero de 2005. Durante la instrucción, el caso experimentó vaivenes judiciales, con un sobreseimiento provisional que fue recurrido por la Fiscalía y posteriormente revocado por otro magistrado que reabrió la investigación. Finalmente, en 2012, siete años después del inicio de las investigaciones, el juez instructor archivó definitivamente el caso, según fuentes consultadas, sin que se produjeran condenas penales. El archivo generó críticas de organizaciones ecologistas y de transparencia que lo consideraron un ejemplo más de impunidad en casos de corrupción urbanística durante el boom inmobiliario español.