Caso Piscina - PP

El caso Piscina tuvo su origen en la compra realizada en 1999 por el Ayuntamiento de Valverde (El Hierro, Canarias) de unos terrenos destinados a construir una piscina municipal. El entonces alcalde Agustín Padrón Benítez, del Partido Popular, y el concejal José Miguel León (CC-AHI) aprobaron la adquisición de la parcela por 182.707 euros, cuando la arquitecta municipal la había tasado en apenas 39.065 euros, es decir, casi cinco veces menos. La operación se realizó mediante adjudicación directa sin concurso público, lo que generó sospechas de irregularidades en la gestión de los fondos municipales.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJ) condenó en primera instancia a Padrón Benítez a dos años de prisión y seis años de inhabilitación por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, con la obligación de restituir 71.810 euros al Ayuntamiento de Valverde. El Tribunal Supremo ratificó esta condena en julio de 2013. Tras hacerse pública la sentencia del TSJ, Padrón renunció el 15 de enero de 2013 tanto a su cargo como alcalde de Valverde como a su escaño en el Parlamento de Canarias. La Fiscalía reclamó una pena más severa de 12 años de inhabilitación y casi tres años de prisión, además de la restitución de 214.000 euros.

No obstante, en el juicio celebrado específicamente sobre el denominado "caso Piscina" ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en noviembre de 2013, que también implicaba a los concejales Ana María Guadarrama (PSOE) y Fernando Padrón (PP), el tribunal absolvió a los tres acusados en sentencia de 24 de junio de 2014. El tribunal concluyó que no se había pagado un precio desproporcionado por los terrenos según los informes periciales y que la adjudicación directa estaba justificada por las circunstancias del mercado inmobiliario local. El caso cerró con la condena del exalcalde por la vía del TSJ y el Supremo, pero con absolución en la causa específica tramitada ante la Audiencia Provincial.