Caso PGOU Vall de Alba - PP

Iniciado: Enero de 2005

Vall d'Alba, Castellón, Comunidad Valenciana

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Descripción del caso

El Caso PGOU Vall de Alba investiga la presunta utilización de información privilegiada por parte del exalcalde Francisco Martínez Capdevila y su círculo cercano para la compra irregular de terrenos en Vall d'Alba (Castellón) entre 2005 y 2014. Martínez, quien fue alcalde de esta localidad de 3.000 habitantes durante 24 años (1991-2015) y vicepresidente de la Diputación Provincial de Castellón bajo Carlos Fabra, está acusado de adquirir aproximadamente 20 parcelas de terreno (más de 1,5 millones de metros cuadrados) a precios bajos antes de que se hicieran públicos proyectos urbanísticos que revalorizarían dichas propiedades.

La investigación se centra especialmente en el proyecto PAI Mas de Lluna, un desarrollo urbanístico de más de 2 millones de metros cuadrados que contemplaba 2.000 viviendas, hoteles y un campo de golf en un municipio con apenas 3.000 habitantes. Según la Fiscalía, Martínez, su hija Andrea Martínez y el empresario Raúl Babiloni utilizaron sociedades instrumentales (Gestintur SL, Transportes y Excavaciones Babiloni SL, Prodever SL y Franvaltur) para adquirir terrenos que posteriormente fueron recalificados, incrementando su valor hasta cinco veces. Estas propiedades fueron luego vendidas a promotores urbanísticos como Lubasa, generando importantes beneficios económicos. La Fiscalía solicitó 11 años de prisión y multas superiores a 3 millones de euros por delitos de uso de información privilegiada, negociaciones prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales.

Tras siete años de instrucción judicial iniciada en enero de 2016 por el juez Jacobo Pin, el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón decretó en julio de 2022 el sobreseimiento de la causa al no apreciar indicios suficientes de criminalidad. La Audiencia Provincial de Castellón confirmó definitivamente el archivo del caso en noviembre de 2023, rechazando los recursos de la Fiscalía y el PSPV. El tribunal consideró que no se había demostrado la existencia de información privilegiada conocida exclusivamente por Martínez, que las operaciones urbanísticas fueron aprobadas por unanimidad del gobierno municipal, y que no existía prueba pericial que demostrara precios fraudulentamente bajos en las compraventas. Este caso surgió a raíz de la condena previa de Martínez por el caso de la depuradora de Borriol, por el que cumplió 8 meses de prisión en 2017.

Resumen

Estado judicial

Desconocido

Coste

Sin determinar

Implicados

Francisco Martínez Capdevila

Alcalde de Vall d'Alba (1991-2015) y vicepresidente de la Diputación de Castellón

Andrea Martínez

Hija de Francisco Martínez

Raúl Babiloni

Empresario socio de Francisco Martínez

Documentos relevantes

Cronología

Enero de 2005

Inicio de las operaciones de compra de terrenos

Francisco Martínez Capdevila, su hija Andrea y el empresario Raúl Babiloni comienzan a adquirir parcelas de terreno en Vall d'Alba a través de sociedades instrumentales (Gestintur SL, Transportes y Excavaciones Babiloni SL, Prodever SL y Franvaltur). Según la investigación posterior, compran aproximadamente 20 parcelas que suman más de 1,5 millones de metros cuadrados, incluyendo terrenos afectados por el futuro proyecto urbanístico PAI Mas de Lluna.

casos-aislados.com

Diciembre de 2014

Finalización del periodo de compras investigadas

Concluye el periodo de operaciones inmobiliarias investigadas por la Fiscalía. Durante estos nueve años (2005-2014), los acusados habrían adquirido terrenos que posteriormente fueron recalificados urbanísticamente, incrementando su valor hasta cinco veces antes de ser vendidos a promotores como Lubasa. El proyecto PAI Mas de Lluna contemplaba más de 2 millones de metros cuadrados con 2.000 viviendas, hoteles y campo de golf en un municipio de 3.000 habitantes.

eldiario.es

Mayo de 2015

Francisco Martínez no se presenta como candidato a la alcaldía

Francisco Martínez anuncia que no será candidato a la alcaldía de Vall d'Alba en las elecciones municipales de 2015, poniendo fin a 24 años de gobierno municipal (1991-2015). La decisión llega en un contexto de investigaciones judiciales abiertas contra él, aunque Martínez alega motivos personales y familiares para su retirada de la política activa.

valenciaplaza.com

Enero de 2016

Apertura de la investigación judicial

El juez Jacobo Pin del Juzgado de Instrucción de Castellón abre diligencias para investigar la presunta compra irregular de terrenos por parte de Francisco Martínez en Vall d'Alba. La investigación surge a raíz de informaciones aparecidas durante el juicio del caso de la depuradora de Borriol, por el que Martínez fue condenado a 8 meses de prisión por negociación prohibida a funcionario. La Fiscalía inicia pesquisas para determinar si existió delito en la vinculación de la compra de terrenos aprovechando su condición de alcalde.

eldiario.es

Febrero de 2017

Confirmación por el Supremo de la condena en el caso depuradora Borriol

El Tribunal Supremo confirma la condena de 8 meses de prisión para Francisco Martínez por el delito de negociación prohibida a funcionario en el caso de la depuradora de Borriol. Esta sentencia firme por corrupción urbanística refuerza las sospechas sobre su actuación en otros proyectos urbanísticos en Vall d'Alba, donde fue alcalde durante 24 años. La condena incluye también multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años.

castelloninformacion.com

Junio de 2017

Retirada de placas conmemorativas en Vall d'Alba

El ayuntamiento de Vall d'Alba, gobernado por el PP con Marta Barrachina como alcaldesa, aprueba la retirada de las placas conmemorativas que llevan el nombre de Francisco Martínez. La decisión se toma tras su condena firme por corrupción en el caso de la depuradora de Borriol. Aunque la alcaldesa del PP afirmó inicialmente que la retirada 'no era una prioridad', finalmente se procedió a eliminar los reconocimientos públicos al exalcalde condenado.

eldiario.es

Mayo de 2017

Fiscalía solicita 11 años de prisión y 1,3 millones de multa

La Fiscalía de Castellón presenta su escrito de acusación solicitando 11 años de prisión y una multa de 1,3 millones de euros para Francisco Martínez por delitos de uso continuado de información privilegiada, negociaciones prohibidas a funcionario, fraude administrativo con malversación y blanqueo de capitales. Para Raúl Babiloni pide 5 años de prisión y un millón de euros de multa, y para Andrea Martínez solicita penas menores. La acusación popular ejercida por el PSPV eleva la petición hasta 16 años de cárcel para Martínez.

eldiario.es

castellonplaza.com

Febrero de 2021

Cierre de instrucción y envío a juicio con jurado

El juez que investiga las compras de fincas en Vall d'Alba por parte del exnúmero dos de Carlos Fabra da por cerrada la fase de instrucción y acuerda remitir el caso a juicio con jurado popular. La decisión judicial considera que existen indicios suficientes para celebrar un juicio oral en el que se dilucide si Francisco Martínez y sus coimputados utilizaron información privilegiada para enriquecerse ilícitamente mediante operaciones urbanísticas en el municipio que gobernó durante 24 años.

eldiario.es

Julio de 2022

Sobreseimiento inicial del caso

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón decreta el sobreseimiento de la causa contra Francisco Martínez, Andrea Martínez y Raúl Babiloni en relación a la compra y posterior venta de cuatro fincas ubicadas en Vall d'Alba entre 2005 y 2006. La magistrada estima parcialmente los recursos presentados por los tres investigados y concluye que, tras revisar las actuaciones y el criterio de la Audiencia Provincial, no se aprecian indicios de delito en estas operaciones urbanísticas. La Fiscalía y el PSPV anuncian recursos contra esta decisión.

eldiario.es

Noviembre de 2023

Archivo definitivo confirmado por la Audiencia Provincial

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón confirma definitivamente el sobreseimiento de la causa al rechazar el recurso de la Fiscalía contra el auto del Juzgado de Instrucción que archivó el caso en julio de 2022. El tribunal concluye que 'no existen indicios mínimamente suficientes de criminalidad de los delitos imputados que justifiquen la prosecución de la causa'. La sentencia argumenta que no se identificó cuál sería la información privilegiada conocida exclusivamente por Martínez, que las operaciones fueron aprobadas por unanimidad del gobierno municipal con informes favorables de servicios técnicos, y que no existe prueba pericial que demuestre precios fraudulentamente bajos. Con esta decisión judicial, el caso queda definitivamente archivado tras siete años de investigación.

castellonplaza.com

valenciaplaza.com