Caso Perla Negra - PP
Descripción del caso
El Caso Perla Negra es una de las tramas de corrupción más importantes relacionadas con el Partido Popular en Castilla y León. El nombre hace referencia al color de los cristales del Edificio de Soluciones Empresariales de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y a la película de piratas de Johnny Depp. La investigación se centra en las irregularidades cometidas entre 2005 y 2011 en el proceso de alquiler y compra de este inmueble, así como en la adquisición de parcelas para un polígono industrial en Portillo que nunca llegó a materializarse. El sobrecoste total causado a las arcas públicas ascendió a 38 millones de euros: 18 millones por el edificio Perla Negra y 20 millones por el polígono de Portillo.
La trama se articulaba en torno a los altos cargos de la Consejería de Economía dirigida por Tomás Villanueva (fallecido en 2017), que amañaron contratos de compra y alquiler del edificio y terrenos favoreciendo a empresas constructoras vinculadas al PP. La Fiscalía Anticorrupción considera que los hechos constituyen delitos continuados de prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y violación de secretos. Los dos viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández coordinaron la operación junto con el consejero delegado de Gesturcal (empresa pública de gestión urbanística) Juan Carlos Sacristán, quien facilitó información privilegiada a los empresarios Urban Proyecto PM3 y Parque Empresarial Portillo.
El proceso judicial se inició el 25 de octubre de 2013 tras una denuncia de la Fiscalía titulada 'El hundimiento impune de una empresa pública' firmada por el exdelegado de Gesturcal Jesús Carlón. Después de más de 11 años de instrucción plagados de nulidades y dilaciones indebidas, el juicio principal se celebró entre febrero y mayo de 2024 en la Audiencia Provincial de Valladolid con 20 sesiones por las que pasaron decenas de testigos, incluidos el expresidente Juan Vicente Herrera y la exconsejera Pilar del Olmo. La sentencia se notificó el 8 de enero de 2025, condenando a Rafael Delgado a dos años y medio de prisión por malversación y tres años y medio de inhabilitación por prevaricación, mientras que Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán recibieron penas de inhabilitación por prevaricación. También fueron condenados seis empresarios por tráfico de influencias.
Resumen
Implicados
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