Palau de les Arts - PP

El Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava e impulsado por los gobiernos del PP en la Generalitat Valenciana, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción y derroche público de la Comunitat Valenciana. El edificio, construido entre 1997 y 2005 dentro de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, multiplicó por más de cuatro su presupuesto inicial: de los 109 millones de euros previstos se llegó a gastar 478 millones. Durante las presidencias de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, el arquitecto Calatrava tuvo amplia libertad para introducir modificaciones y cobrar modificados millonarios, acumulando sobrecostes estimados en centenares de millones de euros atribuibles a deficiencias y errores de diseño.

Además del desbordamiento del coste de construcción, el edificio presentó graves problemas técnicos desde el principio. En diciembre de 2013 comenzaron a desprenderse piezas de trencadís (revestimiento cerámico) de su característica cubierta, lo que obligó a cerrar el Palau por razones de seguridad y a suspender representaciones en curso. Se comprobó que el 60% de la superficie de la cubierta estaba suelta, siendo necesario desmontar todo el revestimiento cerámico. El coste de la operación de retirada superó los 3 millones de euros. Tras arduas negociaciones, en septiembre de 2014 se alcanzó un acuerdo por el que Calatrava y la UTE constructora asumían la reposición del trencadís sin coste para la Generalitat.

En paralelo, una investigación judicial destapó presuntas irregularidades en la gestión interna del Palau entre 2008 y 2011. Un informe de la Intervención de la Generalitat de 2013 concluyó que la intendente Helga Schmidt había adjudicado contratos a empresas vinculadas a ella misma sin seguir los procedimientos legales de publicidad y concurrencia, en especial a través de la empresa Patrocini de Les Arts, de cuyo consejo de administración ella era miembro. La Policía registró las oficinas del Palau en 2014 y en enero de 2015 Helga Schmidt fue detenida e imputada por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. También fueron procesados el exdirector financiero Ernesto Moreno, el presidente del consejo de Patrocini José Antonio Noguera Puchol, el exconsejero delegado Joaquín Maldonado y el administrador de la sociedad intermediaria Radcliffe, Pablo Broseta.

Tras más de seis años de procedimiento, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia absolvió en marzo de 2020 a todos los acusados al considerar que no quedó debidamente acreditada la comisión de delitos de prevaricación ni de malversación, y que las facturas correspondían a trabajos efectivamente realizados a precios de mercado. Helga Schmidt falleció en octubre de 2019, semanas antes de que comenzara el juicio oral, por lo que su posible responsabilidad penal se extinguió con su muerte.