Pabellón Andrés Torrejón

La investigación penal sobre las obras del pabellón Andrés Torrejón de Móstoles se originó en una denuncia de UCIN apoyada en una auditoría técnico-económica encargada por el Instituto Municipal del Suelo (IMS). La auditoría atribuía un desfase entre lo certificado y lo ejecutado. El auto 1402/2020 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Móstoles, fechado el 9 de octubre de 2020, acordó el sobreseimiento provisional y archivo: no consideró justificada la perpetración de los delitos investigados. No es una sentencia condenatoria ni un archivo cuya firmeza se haya acreditado.

El auto documenta un concurso de ideas de 2006, el contrato de redacción de proyecto de febrero de 2008, el contrato de obra firmado con Ortiz el 21 de enero de 2010 y el acta de replanteo y comienzo de obra del 22 de marzo de 2010. Describe modificaciones aceptadas durante la licitación y otras posteriores, y la suspensión de la obra por falta de fondos del IMS. El contexto político corresponde a gobiernos municipales del PP, bajo Esteban Parro y posteriormente Daniel Ortiz, pero ese contexto no acredita por sí mismo que ambos fueran investigados en esta causa.

Según la información contemporánea de elDiario.es del 7 de marzo de 2019, el día anterior fueron detenidas e interrogadas cuatro personas vinculadas al IMS y la dirección facultativa, posteriormente puestas en libertad. No ocurrió en 2015. Alberto Rodríguez de Rivera declaró ante la Policía, pero Telemadrid informó el 11 de marzo de 2019 de que no estaba entonces investigado judicialmente y recogió su negativa a cualquier responsabilidad. Ni él ni Parro aparecen entre los siete investigados enumerados en el auto de archivo cotejado; no se les atribuye esa condición por haber ocupado responsabilidades políticas.

La resolución analizó posibles delitos de falsedad, estafa, malversación o administración desleal y actividades incompatibles. Consideró que las certificaciones correspondían al sistema pactado de pagos a cuenta por avance de una obra a precio cerrado, sujeto a liquidación final. Rechazó la auditoría como fundamento de los delitos porque sus autores habían comparado la realidad física con el proyecto inicial sin incorporar las modificaciones acreditadas. No consideró probada falsedad en las certificaciones, beneficio de los investigados ni desvío de fondos públicos. En cuanto a la actividad dual de técnicos del IMS contratados como profesionales libres, descartó el dolo penal y comunicó la resolución al Ayuntamiento para una posible responsabilidad disciplinaria; esa remisión no es una sanción impuesta.

El supuesto desfase difundido como 3,8 o 4,2 millones era una estimación de auditoría cuestionada por el juzgado, no un daño probado. La resolución reproduce una diferencia de 3.759.694,58 euros, a la que la auditoría añadía 429.594,95 euros de seguridad y salud; esos conceptos explican cifras distintas sin convertirlas en perjuicio judicial. Se elimina coste: tampoco se suman presupuestos de obra, pagos a cuenta, indemnizaciones contractuales o intereses de pleitos civiles como si fueran malversación.

La noticia de archivo publicada el 24 de marzo de 2021 no fija la fecha del auto: la copia judicial está fechada el 9 de octubre de 2020. Es una copia escaneada alojada por prensa, con subrayados añadidos y sin cotejo criptográfico de firma; se distingue su contenido de sus metadatos de escaneo o alojamiento. A 17 de octubre de 2026 no se ha recuperado resolución de recursos, declaración de firmeza ni resultado disciplinario. Los litigios contractuales y anuncios de reactivación de las obras en 2025 y 2026 son distintos del procedimiento penal sobreseído, y no acreditan su reapertura ni el cierre de todos los pleitos.