Púnica/Arpegio - PP

La pieza Arpegio de la Operación Púnica investiga el desfalco de la empresa pública Arpegio —posteriormente Nuevo Arpegio—, dependiente de la Comunidad de Madrid y encargada de la gestión del suelo público regional. Bajo el control de Francisco Granados como consejero de Presidencia y Justicia, Arpegio se convirtió en un instrumento al servicio de los intereses del PP y de la red clientelar de empresas constructoras y promotoras que pagaban comisiones a cambio de ser favorecidas en la adjudicación de suelo público.

Según el juez Manuel García Castellón, el suelo público de la región se convirtió durante el período investigado en "un botín a repartir y el motor de una red clientelar de empresas promotoras y constructoras que, a cambio del pago de comisiones en efectivo y regalos, fueron favorecidas con las parcelas deseadas, con violación de la legalidad". La empresa ejecutaba además los planes PRISMA de la Comunidad con 300 millones de euros para construir equipamientos públicos en municipios madrileños, ámbito también presuntamente contaminado por las irregularidades.

La investigación se topó con un grave obstáculo: Nuevo Arpegio reconoció ante el juez que, a pesar de una "intensa búsqueda", no había podido encontrar varios contratos firmados con la empresa DUSA (Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos) que podrían implicar directamente a Granados. La desaparición de documentos dificulta la instrucción, aunque el juez García Castellón procesó a Granados y a 42 personas más en la pieza 8 del caso.