Otura - PP

El Caso Otura es una condena por prevaricación urbanística continuada que afectó al exalcalde del municipio granadino de Otura, Ignacio Fernández-Sanz (PP), y a cuatro de sus concejales. Los hechos investigados tuvieron lugar en el año 2007, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó de forma ilegal y en contra de los informes de los técnicos municipales la recepción de la urbanización "Las Alondras" y la concesión de las correspondientes licencias de primera ocupación de las viviendas construidas en ella.

Según los hechos probados, en sesión celebrada en octubre de 2007 los populares votaron favorablemente la resolución de la recepción total de las obras de la urbanización, cuando la propia solicitud de los promotores era de recepción parcial y los informes técnicos municipales eran contrarios a su admisión por encontrarse las obras incompletas e incumplir múltiples condiciones. En la misma sesión aprobaron las licencias de primera ocupación de viviendas que presentaban infracciones legales similares.

La Audiencia Provincial de Granada condenó al exalcalde Ignacio Fernández-Sanz a un total de 16 años de inhabilitación por dos delitos continuados de prevaricación, más una multa de más de 4.000 euros. Los concejales Pedro Cabanillas e Ignacio Pérez fueron condenados a siete años de inhabilitación cada uno y multa de más de 3.200 euros. Las concejales María Antonia López y María Dolores Dobaño recibieron dos años de inhabilitación y multa de 675 euros por un delito continuado de prevaricación urbanística.

El caso también incluyó una segunda causa relacionada con la compra irregular de un solar por parte del Ayuntamiento por 300.000 euros para ampliar el edificio consistorial, cuando los informes técnicos lo tasaban por la mitad del precio pagado, por la que el alcalde en activo y su antecesor fueron asimismo llevados a juicio.