Ordenadores Bárcenas - PP

El caso de los ordenadores de Bárcenas hace referencia a la destrucción de los discos duros de los dos ordenadores portátiles que Luis Bárcenas, extesorero del PP, utilizaba en la sede del partido en la calle Génova 13 de Madrid. En agosto de 2013, el juez Pablo Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, requirió al PP que le entregara esos equipos para investigar si contenían información relevante sobre la contabilidad paralela (caja B) del partido. Cuando los ordenadores fueron entregados el 19 de agosto de 2013, el secretario judicial constató que uno de ellos, un Toshiba Libretto, carecía de disco duro, y el otro, un MacBook Pro, tenía un disco duro que no era el original. Los datos habían sido borrados aplicando un protocolo de sobreescritura de 35 pasadas y los discos físicamente rallados, entre mayo y julio de 2013, por orden del jefe de la Asesoría Jurídica del PP, Alberto Durán, ejecutado materialmente por el responsable informático José Manuel Moreno.

La investigación fue asumida por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, a cargo de la jueza Rosa María Freire, al considerar el juez Ruz que la causa correspondía a la jurisdicción ordinaria. La jueza procesó en 2016 al Partido Popular como persona jurídica, a la tesorera Carmen Navarro, al abogado Alberto Durán y al técnico informático José Manuel Moreno por un presunto delito de daños informáticos y otro de encubrimiento. La jueza consideró que existían indicios de "un borrado a conciencia, con ánimo de destruir, no solo los archivos existentes, sino cualquier otra información que hubiera existido previamente en los discos duros". El fiscal, sin embargo, se opuso al procesamiento argumentando que la destrucción no era constitutiva de delito al pertenecer los equipos al PP. Luis Bárcenas participó inicialmente como acusación particular pero retiró su acusación en septiembre de 2016.

El Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid absolvió a todos los acusados en septiembre de 2019 por falta de pruebas, al no poder establecerse sin duda que los discos duros destruidos contuvieran información relevante para la investigación de la caja B, dada la escasa fiabilidad del testimonio de Bárcenas en ese momento. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la absolución en julio de 2020, al desestimar todos los recursos presentados por las acusaciones populares. La sentencia es firme y no cabe recurso alguno contra ella. El caso quedó así como un episodio sin condena pero que evidenció la posible obstaculización de la justicia por parte del PP en plena investigación judicial sobre su financiación ilegal.