Caso ORA - PP

El Caso ORA es una investigación judicial derivada del caso de corrupción policial en Palma de Mallorca que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de regulación de aparcamientos (ORA - Ordenación Regulación Aparcamiento) en la ciudad de Palma. Según un testigo protegido, miembro del Partido Popular, el contrato de la ORA adjudicado en la legislatura municipal anterior habría sido amañado a favor de la empresa del empresario Antoni Roig a cambio de comisiones millonarias. La investigación señaló que el diputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón y el histórico dirigente popular José María Rodríguez habrían repartido comisiones de hasta 2,5 millones de euros, de los cuales 1,2 millones habrían sido para estos dos políticos.

La investigación, iniciada por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán en 2015, condujo a una decena de detenciones en 2016, incluyendo la del empresario Antoni Roig y un funcionario del Ayuntamiento de Palma. En junio de 2017, la policía detuvo a los padres y al hermano de Álvaro Gijón bajo la sospecha de haber colaborado en el blanqueo de aproximadamente 500.000 euros procedentes de las supuestas comisiones. El consorcio que gestionaba la ORA estaba formado por las empresas Roig Obres i Serveis i Medi Ambient SA, Api Movilidad SA y Dornier SA. El contrato de 2013 ascendía a 25.402.709,24 euros (IVA incluido) y tenía una duración de cuatro años con un acuerdo de participación de ingresos del 95% a favor del Ayuntamiento.

Tras tres años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción determinó que no existían indicios suficientes de cobro de comisiones ni de amañamiento del contrato. El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma archivó definitivamente el Caso ORA el 15 de enero de 2020, decretando el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones. Todas las personas investigadas fueron absueltas sin que resultaran condenas penales. Posteriormente, el propio juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán fueron condenados a 9 años de prisión por irregularidades en sus investigaciones, incluyendo detenciones ilegales y desproporcionadas en el marco de este caso, siendo consideradas como medidas de presión para forzar confesiones.