Caso Obras de Arte (IVAM) - PP

El caso IVAM es un escándalo de corrupción protagonizado por Consuelo Císcar, directora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) entre 2004 y 2015, nombrada por el Partido Popular durante los gobiernos autonómicos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. El caso se divide en dos piezas separadas: la compra irregular de obras de arte atribuidas al escultor Gerardo Rueda (fallecido en 1996) por un importe de casi tres millones de euros, y la utilización de los recursos del museo para promocionar la carrera artística de su hijo Rafael Blasco Císcar (conocido como 'Rablaci'), con un desvío de fondos públicos cifrado en más de 150.000 euros. Consuelo Císcar es esposa de Rafael Blasco Santonja, exconsejero del PP condenado en el caso Cooperación por desviar fondos destinados a ayuda al desarrollo.

En la primera pieza, el IVAM adquirió entre diciembre de 2004 y marzo de 2006 un total de 96 obras presuntamente de Gerardo Rueda mediante dos contratos valorados en 2.944.325 euros. Las piezas fueron producidas por su hijo José Luis Rueda años después del fallecimiento del escultor, y la fiscalía sostuvo que se trataba de reproducciones que pasaron por originales. El informe de la Intervención de la Generalitat alertó de sobreprecios de hasta el 1.520% en algunas obras. La Audiencia Provincial de Valencia, sin embargo, absolvió a todos los acusados de esta pieza en diciembre de 2021, al considerar que las obras eran auténticas y que el precio pagado era correcto o muy favorable para el museo. En la segunda pieza, quedó probado que entre 2008 y 2014 Císcar utilizó medios materiales y personales del IVAM para patrocinar exposiciones internacionales de su hijo, organizándolas de forma paralela a las del propio museo para financiar su presencia en las inauguraciones con fondos públicos.

La Audiencia Provincial de Valencia condenó a Consuelo Císcar en agosto de 2021 como autora de prevaricación administrativa continuada y malversación de caudales públicos a un año y seis meses de prisión (en suspenso) y dos años y seis meses de inhabilitación para cargo público. El subdirector económico Juan Carlos Lledó fue condenado a un año de prisión, y el empresario organizador de exposiciones, Enrique Martínez Murillo, a un año por malversación y dos meses y quince días por falsedad en documento mercantil. La condena alcanzó una cuantía de 75.000 euros de multa para Císcar, pese a que el importe real de los fondos desviados para promocionar a su hijo superó los 150.000 euros. El caso puso de manifiesto el uso patrimonial de instituciones culturales públicas por parte de cargos del PP valenciano durante más de una década.