Caso Novo Carthago - PP

El Caso Novo Carthago es una investigación judicial sobre la presunta recalificación ilegal de terrenos protegidos cercanos al Mar Menor en el municipio de Cartagena para permitir la construcción de un megaproyecto urbanístico de aproximadamente 10.000 viviendas, hoteles de lujo y dos campos de golf. La trama se inició en 2002 cuando la empresa Hansa Urbana, propiedad de Rafael Galea Expósito, adquirió cinco fincas rústicas por cerca de 20 millones de euros, sabiendo que parte de esos terrenos se encontraban en zona especialmente protegida donde no se podía edificar. El proyecto afectaba directamente al Saladar de Lo Poyo y otras áreas naturales del entorno del Mar Menor.

La investigación se centra en cómo altos cargos de la Comunidad Autónoma de Murcia del Partido Popular habrían modificado leyes regionales y eliminado obstáculos legales para facilitar la aprobación del proyecto urbanístico. En junio de 2003, el gobierno regional de Murcia en pleno, presidido por Ramón Luis Valcárcel, asistió a la presentación del modelo Novo Carthago, dos años antes de conceder los permisos urbanísticos. En septiembre de 2004, las competencias ambientales fueron devueltas a la Consejería de Agricultura dirigida por Antonio Cerdá, y en marzo de 2005 se aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena que autorizó el proyecto. Finalmente, el 23 de marzo de 2006, el Ayuntamiento de Cartagena aprobó el Plan Parcial de Novo Carthago.

Tras las denuncias de organizaciones ecologistas como ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste) en 2006, que actuó como acusación popular, la investigación judicial comenzó en 2009. El caso se ha visto envuelto en múltiples dilaciones procesales durante más de 23 años. En mayo de 2018, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia procesó a siete exconsejeros y altos cargos del gobierno regional, junto al propietario de Hansa Urbana, por delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho. El juicio oral comenzó el 29 de septiembre de 2025 en la Audiencia Provincial de Murcia, con 20 sesiones programadas hasta el 11 de noviembre, quedando visto para sentencia tras 23 años de proceso judicial. La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado significativamente sus peticiones de pena por la atenuante de dilaciones indebidas, reconociendo que ninguno de los acusados ingresará en prisión incluso en caso de condena.