Caso Nerer - PP
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Descripción del caso
El Caso Nerer, también conocido como Operación Pomada, investiga el presunto perjuicio económico de 2,3 millones de euros causado a las arcas del Ayuntamiento de Ciutadella (Menorca) mediante dos permutas de terrenos aprobadas durante el mandato 2003-2007 bajo el gobierno del alcalde Llorenç Brondo (PP), con Avel·lí Casasnovas como teniente de alcalde de Urbanismo. La investigación se centra en dos operaciones: la adquisición de Can Saura Morell por 2,8 millones de euros cuando meses antes podría haberse adquirido por 1,9 millones, y la permuta en marzo de 2006 del terreno de s'Hort den Llinyà a la empresa Nerer por 3.009.988 euros, que inmediatamente lo revendió en la misma notaría a Gel-Fux por 3.491.586 euros, ocasionando un perjuicio directo de 481.598 euros al municipio.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Avel·lí Casasnovas de aprovecharse de su cargo público para promover estas operaciones inmobiliarias favoreciendo secretamente a los empresarios hermanos Cavaller, de quienes habría recibido reformas en su vivienda por valor de 150.000 euros y la compra de una propiedad a través de un testaferro. La trama habría involucrado a funcionarios municipales del área de Urbanismo, administradores de las empresas Nerer Inmobiliaria y Gel-Fux, así como a la hermana del ex concejal, presuntamente utilizada para blanquear capitales obtenidos de forma fraudulenta. El caso se inició tras una comisión de investigación municipal en 2008 que derivó en la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Tras nueve años de instrucción plagados de incidencias procesales, incluyendo múltiples cambios de jueces y paralizaciones, la instrucción se cerró en febrero de 2025 y la Audiencia Provincial de Baleares desestimó todos los recursos de la defensa en diciembre de 2024, ordenando la apertura de juicio oral para un total de 17 investigados. La Fiscalía solicita 18 años de prisión para Casasnovas por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho y blanqueo de capitales, además de penas de 4 años para varios empresarios. El juicio está previsto para 2026, lo que supondría más de una década desde el inicio de la Operación Pomada.
Resumen
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