Naseiro - PP

El caso Naseiro fue el primer gran escándalo de financiación ilegal del Partido Popular en la España democrática. El caso estalló en la Semana Santa de 1990, apenas días después de que José María Aznar asumiera la presidencia del partido. Todo comenzó el 28 de noviembre de 1989, cuando la Brigada de Estupefacientes de Valencia obtuvo autorización judicial para intervenir el teléfono de Rafael Palop Argente, padre del concejal del PP Salvador Palop Martínez, en el marco de una investigación por narcotráfico. Las escuchas revelaron conversaciones comprometedoras sobre comisiones que constructores pagaban a políticos del PP a cambio de adjudicaciones urbanísticas, recalificaciones de suelo y contratos de obras municipales en la Comunidad Valenciana.

El 10 de abril de 1990, el juez Luis Manglano ordenó la detención del tesorero nacional del PP Rosendo Naseiro, del concejal Salvador Palop Martínez y de varios empresarios y un arquitecto municipal: José Balaguer (director de ETRA), Luis Janini (delegado de Dragados y Construcciones), Carlos Bonet (director de Huarte) y Luis Latorre (arquitecto municipal de Cullera). Las grabaciones también implicaban al diputado nacional y antiguo tesorero del PP Ángel Sanchís Perales, al presidente del PPCV Pedro Agramunt y al entonces aspirante político Eduardo Zaplana. La trama consistía en cobrar comisiones a constructoras a cambio de licencias, modificaciones de planes parciales y adjudicaciones de contratos públicos, con el fin de engrosar las arcas del PP y el enriquecimiento personal de algunos implicados.

El 18 de junio de 1990, el Tribunal Supremo estimó el recurso de los abogados defensores y anuló las escuchas telefónicas como prueba, al considerar que habían sido obtenidas vulnerando el derecho fundamental a la intimidad: la intervención había sido autorizada exclusivamente para investigar el narcotráfico, no la financiación ilegal. Sin pruebas de cargo válidas, la acusación del fiscal y las acusaciones particulares de Izquierda Unida y Unitat del Poble Valencià se retiraron el 9 de julio de 1990. El caso fue definitivamente archivado en el Tribunal Supremo en 1992. El escándalo supuso un serio golpe a la imagen del PP recién renovado bajo Aznar, aunque éste salió reforzado al promover una investigación interna y distanciarse públicamente de los implicados.