Caso Montoro - Equipo Económico - PP

El Caso Montoro - Equipo Económico es una macrocausa por presunta corrupción política instruida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro Romero y otros 27 investigados, entre los que figuran exaltos cargos de su Ministerio y directivos de empresas del sector del gas, las energías renovables y el juego. La causa investiga si, durante las dos etapas en que Montoro dirigió el Ministerio de Hacienda con José María Aznar (2000-2004) y con Mariano Rajoy (2011-2018), se aprobaron reformas legislativas y normativas tributarias a medida de determinadas empresas a cambio de pagos al despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro en 2006.

Según el auto del juez instructor Rubén Rus Vela, el bufete Equipo Económico habría facturado un total acumulado de 35,5 millones de euros durante el periodo investigado, y un informe específico de la Agencia Tributaria de febrero de 2026 documenta cómo cobró cerca de un millón de euros por gestionar dos reformas fiscales hechas a medida desde el Ministerio que dirigía Montoro. Los delitos atribuidos abarcan cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad documental. La causa tuvo un origen "casual": el juez Rus descubrió en 2018, al investigar otro procedimiento, una serie de correos electrónicos que apuntaban a un nuevo delito y que le llevaron a abrir una pieza separada que se mantuvo bajo secreto durante siete años antes de hacerse pública en julio de 2025.

En abril de 2026, el juez Rus rechazó la inhibición a los juzgados de Madrid solicitada por las defensas y reafirmó su competencia territorial. Asimismo, autorizó a los Mossos d'Esquadra a investigar todos los movimientos bancarios de los 28 acusados durante los últimos veinte años por presunto blanqueo de capitales. Las primeras declaraciones como investigados se programaron entre finales de abril y mayo de 2026, comenzando con directivos de las empresas gasistas que habrían contratado los servicios de Equipo Económico. Cristóbal Montoro aún no ha sido citado a declarar como investigado a fecha de cierre de instrucción, aunque sus cuentas bancarias y las de su familia están siendo analizadas. El caso se considera distinto y mucho mayor que la causa por la adjudicación irregular de un contrato de 91.000 euros a Equipo Económico de 2012, ya documentada en la causa "Despacho Montoro".