Caso Mojácar
PPFiscalización de una venta de suelo, ejecución de un derribo y otros litigios y denuncias municipales de naturaleza diferente.
- Estado judicial
- Sin determinar
- Coste registrado
- 2 millones €
- Implicados
- 2
- Firmeza
- Sin determinar
Descripción del caso
Esta ficha reúne asuntos municipales diferentes, no una única causa penal acreditada. La fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el ejercicio 2007 fue aprobada el 17 de febrero de 2010 y publicada el 17 de junio de 2010. Al examinar la venta de una parcela de Macenas, el órgano fiscalizador estimó una pérdida de ingresos de 661.200 euros por la demora en adjudicarla. Es una conclusión de auditoría sobre posibles responsabilidades, no una condena penal ni una responsabilidad contable declarada judicialmente. No se ha documentado aquí su desenlace jurisdiccional.
En marzo de 2015 se informó de multas coercitivas de 150 euros cada veinte días a la entonces alcaldesa Rosa María Cano para ejecutar un derribo. Según Europa Press, se trataba de la ejecución contencioso-administrativa de una sentencia de 2004, firme desde 2008. Estas multas no equivalen a una condena penal. Faltan los originales judiciales y la comprobación de la ejecución posterior.
La adjudicación de plazas de aparcamiento fue objeto de críticas del PSOE en octubre de 2014. Los dos millones de euros citados por ese partido eran el coste de construcción del aparcamiento, no un perjuicio fijado judicialmente. No se ha acreditado una imputación penal por esta denuncia política. Tampoco la crítica urbanística publicada en febrero de 2022 acredita la condena millonaria que la ficha atribuía a ese año.
Un asunto distinto es la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Almería difundida en agosto de 2025: obligaba al Ayuntamiento a pagar unos 795.026 euros de justiprecio, más intereses, por la expropiación de terrenos de Cueva Morales. No constituye una condena penal del alcalde. Francisco García Cerdá, nombrado alcalde el 7 de julio de 2023, era el responsable municipal que respondió públicamente; Rosa María Cano ya no ocupaba la alcaldía. No se han obtenido esa sentencia original ni pruebas suficientes sobre sus recursos, firmeza y cumplimiento. Los resultados de estos asuntos no deben trasladarse entre sí, y su situación completa al 15 de octubre de 2026 no está acreditada.
Desarrollo y fuentes
La fiscalización publicada en el BOJA analiza el ejercicio 2007. En sus apartados 66–80 y 174–176 examina la enajenación de suelo de Macenas y estima 661.200 euros de menores ingresos. La eventual responsabilidad contable o penal requiere un pronunciamiento distinto del informe auditor. No se equiparan esa cifra y el precio de adjudicación de 7.528.400 euros.
La información de marzo de 2015 pertenece a la ejecución de una sentencia urbanística: las multas periódicas buscaban hacer cumplir el derribo. No acredita una condena penal por corrupción ni permite afirmar que la ejecución continúe pendiente en 2026. La referencia a una sentencia firme procede de esa crónica; no se ha obtenido el original ni el resultado posterior de la ejecución.
La denuncia sobre el aparcamiento y las críticas urbanísticas de 2022 son declaraciones políticas. No justifican atribuir la condición de investigado a familiares sin identificar o afirmar condenas que sus textos no documentan. Otra noticia, de marzo de 2017, recoge un comunicado municipal sobre el archivo de una causa por contratación de asistencia técnica en el Arbollón y el frontón: ese resultado se refiere a aquel expediente y no resuelve los demás asuntos de esta ficha. No se dispone de su resolución original ni de acreditación de firmeza.
La sentencia de expropiación difundida en agosto de 2025 obliga al Ayuntamiento al pago de un justiprecio y de intereses; no condena penalmente al alcalde. Las explicaciones del gobierno y las acusaciones de la oposición sobre el origen y los retrasos son posiciones políticas. Sin la resolución original y su ejecución no puede fijarse un perjuicio global ni un estado procesal actual para todo este conjunto. El BOE identifica a Francisco García Cerdá como alcalde nombrado el 7 de julio de 2023.
Documentos relevantes
- Ver
Fiscalización de regularidad de determinadas áreas del Ayuntamiento de Mojácar, ejercicio 2007; informe aprobado el 17 de febrero de 2010 y publicado en BOJA
2010 · PDF · 52 páginas
Cronología
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Acuerdo sobre la venta de una parcela de Macenas
El informe de la Cámara de Cuentas sitúa en esta fecha el acuerdo plenario sobre el procedimiento de enajenación de la parcela RV4-1. La fiscalización posterior examinó la división de la parcela inicial y el desarrollo de la subasta.
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Adjudicación de la parcela a Built & Management
El Pleno adjudicó la parcela por 7.528.400 euros, IVA incluido, tras la retirada de la oferta superior. El informe fiscalizador atribuyó a la demora una pérdida de ingresos de 661.200 euros. Precio de venta y pérdida estimada son conceptos diferentes.
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Aprobación del informe de fiscalización
El Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó el informe sobre determinadas áreas del Ayuntamiento, ejercicio 2007. Sus conclusiones sobre Macenas plantean posibles responsabilidades; no son un fallo judicial.
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Publicación oficial de la fiscalización
El BOJA nº 118 publicó el informe, mediante resolución de 6 de mayo de 2010. No se trata de un hallazgo publicado en 2007.
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Se publica la denuncia política sobre el aparcamiento
ElPlural recogió las críticas del PSOE a adjudicaciones a la alcaldesa y personas vinculadas al equipo de gobierno. Los dos millones citados eran el coste de construcción alegado por la oposición, no daño judicialmente declarado. La noticia no acredita una investigación penal.
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Se informa de multas coercitivas para ejecutar un derribo
Europa Press informó de un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 que imponía a Rosa María Cano 150 euros cada veinte días hasta la ejecución. La noticia sitúa la sentencia inicial en 2004 y su firmeza en 2008. Esta fecha corresponde a la publicación, no a la fecha del auto, recurrible según la noticia.
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Críticas políticas a una actuación urbanística
Teleprensa publicó críticas de PSOE-Somos Mojácar a la urbanización de terrenos y al planeamiento. El contenido del artículo no acredita una sentencia ni cuantifica una condena millonaria. Este asunto no debe confundirse con la expropiación de Cueva Morales difundida en 2025.
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Nombramiento de Francisco García Cerdá como alcalde
El nombramiento por el Pleno consta retrospectivamente en el convenio publicado en el BOE el 13 de mayo de 2026. Corrige la atribución de continuidad de Rosa María Cano en la alcaldía.
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Se informa de la sentencia sobre Cueva Morales
Europa Press informó de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 obligaba al Ayuntamiento a pagar 795.026 euros de justiprecio por 2.204 metros cuadrados expropiados, más intereses. El litigio versa sobre una obligación municipal de pago; la fecha es la de la noticia, no una fecha verificada de sentencia.
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Críticas del PSOE sobre el pago de la expropiación
El PSOE atribuyó responsabilidad política al alcalde por el retraso y sostuvo que los intereses elevaban el coste por encima del millón de euros. Es una valoración partidaria: no acredita una responsabilidad penal personal ni permite fijar aquí el total definitivo.