Caso Mojácar - PP

El Caso Mojácar engloba un conjunto de irregularidades urbanísticas, administrativas y judiciales que han afectado al municipio almeriense de Mojácar durante más de dos décadas bajo el gobierno del Partido Popular. Rosa María Cano Montoya, alcaldesa del PP desde 2007 (anteriormente concejala desde su salida del PSOE en 1992), ha sido la figura central de múltiples controversias relacionadas con la gestión urbanística municipal y el uso de recursos públicos.

El caso más emblemático se centra en las graves irregularidades patrimoniales y contables detectadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía en 2007 en la urbanización Macenas Golf, un macro-proyecto que incluía un campo de golf, hotel de cinco estrellas y aproximadamente 1.200 viviendas promovido por Med Group (participada en casi un 50% por el multimillonario George Soros). La Consejería de Medio Ambiente concluyó que el campo de golf de Playa Macenas Beach & Golf Resort estaba situado en zona de dominio público hidráulico e inició un proceso de deslinde que impediría su construcción. Las obras fueron paralizadas en 2007 tras detectarse que requerían la excavación de más de 600.000 metros cúbicos de tierra y roca con un alto impacto paisajístico. La Cámara de Cuentas remitió los resultados de su investigación a la Fiscalía Anticorrupción.

Otro de los episodios más graves del caso es el incumplimiento judicial sistemático por parte de la alcaldesa Rosa María Cano en la ejecución de sentencias firmes de demolición de obras ilegales. En 2004, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Almería dictó sentencia ordenando la demolición de unas obras de ampliación irregulares en una vivienda unifamiliar, sentencia que fue confirmada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 2008 (sentencia 428/08). A pesar de que la sentencia era firme desde 2008, la alcaldesa no ejecutó el derribo ordenado durante años, lo que llevó a que en 2015 un juez le impusiera multas periódicas de 150 euros cada 20 días hasta que no se ejecutara la demolición. Un auto judicial calificó el retraso en la ejecución de "inexplicable e injustificado". Las construcciones ilegales fueron popularmente conocidas como "el Algarrobico de Mojácar".

En octubre de 2014 estalló un escándalo político cuando el PSOE denunció que Rosa María Cano, su pareja, el hermano de su pareja (que vive en otro municipio pero está empadronado en el domicilio de la alcaldesa), una concejala del equipo de gobierno del PP y el hermano de otro concejal del PP se habían adjudicado plazas del parking público municipal que había costado cerca de 2 millones de euros de fondos públicos. El PSOE calificó el hecho como "un escándalo político sin precedentes en Mojácar" y exigió la dimisión de la alcaldesa. El partido socialista había propuesto que las plazas fueran alquiladas por el ayuntamiento a precio asequible para garantizar rotación y beneficiar al mayor número de vecinos, priorizando a residentes, personas mayores y con discapacidad, pero el gobierno del PP diseñó criterios de adjudicación "a su medida" que permitieron que los propios dirigentes del partido se beneficiaran de las plazas.

En octubre de 2021, el ayuntamiento aprobó inicialmente un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que según denunció el PSOE "beneficia a ediles del Gobierno y allegados". En febrero de 2022, PSOE-Somos Mojácar denunció que "las prisas de la alcaldesa del PP por urbanizar unos terrenos van a costar más de un millón de euros al pueblo" debido a una condena judicial relacionada con la gestión urbanística municipal. En agosto de 2025, el PSOE acusó al alcalde (en ese momento Francisca Cano) de "mentir para ocultar su responsabilidad en una condena judicial que costará más de un millón de euros", con demoras que generaron más de 250.000 euros en intereses legales.

El caso Mojácar se caracteriza por un patrón continuado de irregularidades urbanísticas, conflictos de interés en la adjudicación de recursos públicos, incumplimiento de sentencias judiciales firmes y una gestión municipal opaca que ha favorecido sistemáticamente a los dirigentes del PP local y sus allegados en detrimento del interés general y el patrimonio municipal. A pesar de las múltiples denuncias, investigaciones judiciales y condenas, la alcaldesa Rosa María Cano ha mantenido su cargo ininterrumpidamente y el PP ha conservado la mayoría absoluta en el municipio en sucesivas elecciones.