Caso Mercamadrid - PP
Descripción del caso
El Caso Mercamadrid es una investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública Mercamadrid durante el mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. El caso se centra en acuerdos de transacción suscritos en noviembre de 2013 entre Mercamadrid —empresa mixta participada en un 51% por el Ayuntamiento de Madrid— y la mercantil privada Merca Ocio 22 S.L., propiedad del constructor José Domingo Rodríguez Losada. Según la acusación, dichos acuerdos causaron un perjuicio económico de hasta 11 millones de euros a la entidad pública, al perdonar 698.397,70 euros en cánones de superficie impagados desde 2010 y comprometer a Mercamadrid a pagar 592.208,40 euros más IVA en alquiler de dos naves hasta 2032, con un sobreprecio del 81% sobre el valor de mercado.
El origen del caso se remonta a 2001, cuando Mercamadrid adjudicó dos derechos de superficie sobre 14.100 metros cuadrados a la empresa Konin 22 para la construcción y explotación de un hotel y servicios de restauración. En 2003, Konin 22 cedió los derechos a Merca Ocio Hoteles 22, que en marzo de 2010 dejó de pagar los cánones acordados y presentó una contrademanda reclamando 8 millones de euros por supuestos daños. El Consejo de Administración de Mercamadrid, presidido por Concepción Dancausa (PP), aprobó el 16 de octubre de 2013 por unanimidad un acuerdo de transacción extrajudicial que la acusación consideró enormemente perjudicial para los intereses públicos. Entre los 16 investigados figuraba Pablo González González, hermano del expresidente regional Ignacio González, quien formaba parte del Consejo como director de Estructuras Comerciales de Mercasa.
En abril de 2016, los concejales de Ahora Madrid Marta Higueras y Carlos Sánchez Mato presentaron denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Provincial de Madrid formalizó la denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid en abril de 2017 por un presunto delito de administración desleal societaria contra los 16 miembros del antiguo Consejo. Tras la instrucción, en abril de 2018 la Fiscalía solicitó el sobreseimiento al no encontrar pruebas suficientes de conducta delictiva, y en julio de 2018 el juez decretó el archivo provisional de la causa contra todos los investigados.
Resumen
Implicados
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