Caso Mercamadrid - PP

El Caso Mercamadrid es una investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública Mercamadrid durante el mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. El caso se centra en contratos y acuerdos de transacción suscritos entre Mercamadrid (empresa mixta participada en un 51% por el Ayuntamiento de Madrid) y la mercantil privada Merca Ocio 22 S.L., que presuntamente causaron un perjuicio económico significativo a la entidad pública mientras generaban un enriquecimiento ilícito para la empresa privada.

La denuncia fue presentada en abril de 2016 ante la Fiscalía por dos concejales de Ahora Madrid, Marta Higueras y Carlos Sánchez Mato, en representación del Ayuntamiento gobernado por Manuela Carmena. Según la acusación, los acuerdos firmados en noviembre de 2013 cuando Concepción Dancausa presidía el Consejo de Administración de Mercamadrid permitieron que la empresa dejara de cobrar 698.397,70 euros en cánones de superficie impagados por Merca Ocio, mientras asumía la obligación de pagar 592.208,40 euros más IVA por el alquiler de dos naves hasta el año 2032, con un sobreprecio del 81% sobre el valor de mercado. Entre los investigados figuraba Pablo González González, hermano del expresidente regional Ignacio González, quien formaba parte del Consejo de Administración en calidad de director de Estructuras Comerciales de Mercasa.

En abril de 2017, la Fiscalía Provincial de Madrid presentó formalmente la denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, imputando a 16 personas por un presunto delito de administración desleal societaria. Tras la investigación, en abril de 2018 la Fiscalía solicitó el archivo del caso al no encontrar pruebas suficientes de conducta delictiva, y en julio de 2018 el juez decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra todos los investigados, al considerar que no se había acreditado la comisión de ningún delito de administración desleal ni fraude.