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Caso Marchelo - PP

Iniciado: Mayo de 2006
Alhendín, Granada, Andalucía

Descripción del caso

El Caso Marchelo es una macrocausa de corrupción urbanística en el municipio de Alhendín (Granada) que afectó a la dirección del PP provincial y a diversos empresarios. Los hechos investigados tuvieron lugar entre 2002 y 2007, cuando José Guerrero era alcalde por el Partido Popular. La trama se centró en operaciones inmobiliarias irregulares que causaron un perjuicio económico estimado de 27,3 millones de euros al Ayuntamiento.

Entre las irregularidades investigadas destacan: la concesión de licencia para una gasolinera en suelo no apto, la construcción de un polígono industrial en el que el concejal de Urbanismo tenía intereses personales, y la modificación arbitraria del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio para levantar una urbanización. El entonces concejal de Urbanismo, Manuel Fernández Moreno, fue identificado como el cerebro de la trama, coordinando las actuaciones junto a empresarios que se beneficiaron de recalificaciones y cesiones de suelo a precios inferiores al mercado.

Tras casi 19 años de instrucción judicial plagada de dilaciones, en mayo de 2025 se dictaron las primeras sentencias. La Audiencia Provincial de Granada condenó al exconcejal de Urbanismo a dos años de prisión y a varios empresarios a un año, pero ninguno ingresó en prisión gracias a la atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas. Las penas se redujeron drásticamente respecto a las peticiones iniciales de la Fiscalía, que solicitaba hasta 15 años de cárcel para algunos implicados. El exalcalde José Guerrero, tío del actual presidente del PP de Granada, quedó exonerado por motivos de salud a sus 94 años.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
27,3 millones €

Implicados

José Guerrero
Alcalde de Alhendín (PP)
Manuel Fernández Moreno
Concejal de Urbanismo (PP)
Juan Muñoz Támara
Consejero delegado Parque Empresarial Alhendín
Fernando Muñoz Nogueras
Empresario
Manuel Melguizo Ruiz
Empresario
Rafael Alonso Polo
Empresario
Fernando Rafael Rodríguez-Acosta Márquez
Empresario
Francisco Rodríguez
Actual alcalde de Alhendín y presidente del PP Granada

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Cronología

Enero de 2002
Inicio de las operaciones urbanísticas irregulares
Comienzan las presuntas irregularidades urbanísticas en Alhendín durante el mandato de José Guerrero como alcalde por el PP. Se inician operaciones que incluyen recalificaciones de suelo, concesión de licencias irregulares y modificaciones del PGOU para beneficiar a empresarios privados.
Mayo de 2006
Apertura de la instrucción judicial
El Juzgado de Instrucción de Santa Fe inicia formalmente el procedimiento judicial del caso Marchelo tras detectarse irregularidades en operaciones urbanísticas en Alhendín. Se investigan cuatro grandes operaciones que habrían causado un perjuicio de 27,3 millones de euros al ayuntamiento.
Enero de 2007
Fin del mandato de José Guerrero como alcalde
Finaliza el periodo en el que se cometieron los delitos de corrupción urbanística investigados, con José Guerrero como alcalde y Manuel Fernández Moreno como concejal de Urbanismo del PP.
Febrero de 2025
El caso alcanza los 18 años y 9 meses de instrucción
Tras casi 19 años de instrucción plagada de dilaciones, el caso Marchelo encara su recta final. La Audiencia de Granada archiva provisionalmente la causa contra José Guerrero, de 94 años, por motivos de salud, pese a que la Fiscalía le solicitaba 15 años de prisión. El PSOE de Alhendín critica la inacción del actual alcalde Francisco Rodríguez, sobrino del exalcalde.
Mayo de 2025
Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada
La Audiencia Provincial de Granada condena al exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández Moreno a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación por delitos de cohecho, malversación y prevaricación urbanística. Los empresarios Juan Muñoz Támara, Fernando Muñoz Nogueras, Manuel Melguizo Ruiz, Rafael Alonso Polo y Fernando Rafael Rodríguez-Acosta Márquez son condenados a un año de prisión. Sin embargo, ninguno ingresa en prisión gracias a la atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas, aplicada por la duración extraordinaria del proceso (18 años y 11 meses). Las indemnizaciones también se reducen drásticamente: de los 3,5 millones solicitados a Juan Muñoz Támara y Fernando Muñoz, solo deberán abonar 18.000 euros.