Mar Menor Golf Resort - PP

El caso Mar Menor Golf Resort documenta la permuta irregular de suelo público municipal realizada en febrero de 2007 por Daniel García Madrid, alcalde de Torre Pacheco (Murcia) por el PP, a favor de la promotora Polaris World, propietaria del complejo Mar Menor Golf Resort. García Madrid autorizó mediante decreto la cesión de un solar urbano municipal de 34.834 metros cuadrados, colindante con una urbanización de golf, a cambio de cuatro parcelas rústicas de secano de 52.000 metros cuadrados situadas en la periferia del municipio. La operación se realizó sin expediente administrativo previo, sin informes técnicos, económicos ni jurídicos que justificaran su necesidad por razones de interés público. Según tasaciones independientes encargadas por la Fiscalía, el daño al municipio se estimó entre cinco y seis millones de euros.

La investigación judicial se inició tras la denuncia presentada por el periodista Chema Gil. El caso se encuadró dentro de una operación policial más amplia denominada "Operación Camelot", que investigaba una red de favoritismo hacia las empresas del constructor Facundo Armero en los municipios de Torre Pacheco y Fuente Álamo. En abril de 2008 García Madrid fue detenido y el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de San Javier decretó prisión provisional para él. El arquitecto municipal Ramón Ángel Cabrera Sánchez fue investigado como posible cómplice pero resultó absuelto al no apreciarse connivencia entre ambos. En 2012 el juez sobreseyó las actuaciones contra los ejecutivos de Polaris World por falta de pruebas, manteniendo únicamente la imputación contra el alcalde. El juicio oral por la permuta se celebró ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Cartagena, que el 17 de marzo de 2018 condenó a García Madrid a cinco años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por prevaricación administrativa en su modalidad muy cualificada, declarando la nulidad absoluta de la escritura de permuta de 23 de mayo de 2007.

Paralelamente, el mismo alcalde y varios concejales fueron juzgados y condenados por la Audiencia Provincial de Murcia en una causa separada relativa a la adjudicación directa de contratos menores sin concurso público entre 2004 y 2007 por valor de más de 776.500 euros. En la sentencia de 22 de julio de 2014 la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 5.ª) condenó a García Madrid, José Saura Meroño y Santiago Meroño León a diez años de inhabilitación especial por delito continuado de prevaricación administrativa. En 2020 una segunda condena añadió seis meses de inhabilitación adicionales por hechos similares, ratificada por el Tribunal Supremo el 14 de julio de 2022 con la calificación de "ilegal, burdo y grosero". García Madrid se vio obligado a dimitir como alcalde en julio de 2014, un año antes de concluir la legislatura, acumulando múltiples condenas firmes por corrupción durante su etapa al frente del consistorio.