Caso Mar Blau

Mar Blau investigó irregularidades en concursos y concesiones de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), entre ellos los amarres del Club Marítimo de Mahón y actuaciones relacionadas con Ibiza y La Savina. La causa fue instruida por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Palma, con Antoni Rotger como instructor. La prensa de diciembre de 2010 situaba las pesquisas judiciales dos años antes: no se fija un día artificial de inicio de los hechos ni se afirma que la investigación comenzara al publicarse el registro.

La causa terminó en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares con un acuerdo de conformidad y sentencia oral el 9 de enero de 2019, según las crónicas de ese día. Tres personas resultaron condenadas y nueve absueltas, entre ellas el expresidente de la APB Francesc Triay, del PSOE. Ángel de Matías fue condenado por prevaricación y cooperación en la alteración de concursos, con nueve meses de prisión sustituidos por multa y un total económico de 4.050 euros; Gerardo Díaz Ferrán, por alteración de concursos, con siete meses sustituidos y multas por un total de 2.640 euros; Pedro Carmelo Hernández, por cooperación en ese último delito, con un total de 1.800 euros. El total de 8.490 euros son consecuencias penales, no perjuicio patrimonial. Europa Press y elDiario.es invierten el desglose de 960 y 1.680 euros de Díaz Ferrán, aunque coinciden en su total; se mantiene visible esa discrepancia sin resolverla sin el original.

El acuerdo, según las crónicas, reconoció un pacto para que Trapsa renunciara a la concesión de Mahón a cambio de dinero, tres amarres y otra adjudicación. Los 4,5 millones que figuraban como coste en esta ficha eran la valoración de los tres amarres atribuida al instructor por elDiario.es, no una indemnización ni un daño público firme cotejado. No se fija coste. La petición de hasta 35 años para De Matías procedía de acusaciones particulares, según esa crónica; la Fiscalía pedía inicialmente 18 años y ocho meses, según Europa Press. La Fiscalía participó en la conformidad: no se atribuye al fiscal una denuncia de que el pacto fuera excesivamente benévolo.

Joan Verger, expresidente de la APB por el PP, falleció en 2013 antes del juicio, y Gonzalo Pascual también había fallecido. No se les atribuye una condena ni se los presenta como responsables penales declarados. La calificación de «corrupción sistémica» procedía del auto instructor descrito por prensa en julio de 2016, no de una condena firme de todas las personas investigadas. Triay no se presenta como culpable de continuar prácticas delictivas, pues fue absuelto.

Límites al 17 de octubre de 2026: no se ha localizado y descargado el original judicial de la sentencia, su número, una diligencia de firmeza o la ejecutoria. Gaceta Náutica de 4 de febrero de 2019 la describió como firme porque el pacto incluía no recurrir, pero esa afirmación se atribuye al medio. No se infiere cumplimiento, cierre global o situación actual por falta de noticias. Las piezas separadas, como la denominada Poseidón, no reciben automáticamente el resultado de este juicio. La memoria de Fiscalía localizada en buscador no se ha podido descargar como PDF y no se trata como documento leído.