Caso Mar Blau - PP

El Caso Mar Blau, también conocido como el caso de corrupción de puertos deportivos en Baleares, representa uno de los escándalos más graves que ha afectado al sector náutico recreativo en las Islas Baleares. Entre 2005 y 2007, durante la presidencia de Joan Verger (PP) en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), se produjo un amaño sistemático de concursos públicos para la adjudicación de amarres en puertos deportivos de Mahón, Ibiza y Palma. El caso se destapó en 2010 cuando salieron a la luz grabaciones que evidenciaban conversaciones entre altos cargos de la APB y empresarios para alterar las bases de los concursos públicos a favor de la empresa Trapsa Yates, propiedad del empresario Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE.

La trama operaba mediante acuerdos secretos en los que los responsables de la APB, encabezados por Joan Verger (presidente) y Ángel de Matías (director general), ofrecían extraoficialmente a empresas como el Club Marítimo de Mahón la posibilidad de modificar los concursos públicos si llegaban a un acuerdo con Trapsa Yates. El esquema consistía en la firma de contratos simulados mediante los cuales Trapsa recibía amarres de 27 metros de eslora (valorados en 4,5 millones de euros) y pagos económicos a cambio de retirarse oficialmente de los concursos o permitir que otras empresas ganaran aparentemente. El juez que investigó el caso lo calificó como "corrupción sistémica" en la APB, señalando que las irregularidades se extendieron durante todo el periodo en que Verger presidió la institución (2003-2007) y continuaron bajo su sucesor del PSOE, Francesc Triay (2007-2011).

El impacto del caso fue limitado judicialmente debido al fallecimiento de Joan Verger durante la investigación, lo que impidió su enjuiciamiento pese a haber sido identificado como el principal responsable del esquema de corrupción. Del total de trece personas propuestas para juicio en 2016, solo tres fueron finalmente condenadas en 2019 a penas de multa: Ángel de Matías, Gerardo Díaz Ferrán y Carmelo Hernández. Francesc Triay fue absuelto tras años de estar imputado. Las condenas fueron consideradas excesivamente benévolas por la Fiscalía, que había solicitado inicialmente hasta 35 años de prisión para algunos de los acusados. El caso evidenció la vulnerabilidad de las instituciones portuarias ante la corrupción política y empresarial, así como la dificultad para perseguir estos delitos cuando los principales responsables fallecen durante los largos procesos judiciales.