Lezo/Canal Golf

Dos contratos vinculados a TCT

El auto de apertura de juicio oral identifica la causa como pieza 2 de las diligencias 91/2016. Recoge el convenio urbanístico de 24 de julio de 2002 y la licitación del proyecto original de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento del tercer depósito. El contrato se adjudicó a ACS el 31 de marzo de 2003; no era todavía el proyecto de campo de golf descrito en la acusación.

Según el relato fiscal incorporado al auto, en junio de 2004 se promovió un cambio sustancial que introdujo el campo de golf, y el 19 de julio de 2006 se adjudicó directamente el modificado a Dragados. La acusación sostiene que González y De Miguel condicionaron esa contratación a que se subcontratara a TCT, participada por el hermano y el cuñado del primero y por José Antonio Clemente. También examina la adjudicación de diciembre de 2006 para gestionar y explotar las instalaciones, y la posterior cadena de subcontrataciones de mantenimiento. No se confunde la adjudicación del Canal a Dragados con la subcontratación privada de TCT ni con la segunda concesión a una UTE.

De la apertura al juicio

El pase a procedimiento abreviado es de 24 de mayo de 2021 y el escrito fiscal de 24 de junio de ese año, como consta en el antecedente primero del auto de apertura. El auto está fechado el 5 de agosto y notificado el 6. Su fallo permite continuar contra los cinco acusados y limita los recursos salvo situación personal. No resuelve si los hechos ocurrieron ni constituye una sentencia condenatoria. Las medidas personales mantenidas en 2021 no se presentan automáticamente como vigentes en 2026.

En diciembre de 2025 se publicó un señalamiento para septiembre de 2027. Sin embargo, Europa Press y RTVE acreditan que la vista comenzó el 13 de octubre de 2026 ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Los cinco negaron los hechos. El tribunal rechazó la petición de expulsar al Ayuntamiento de Madrid: se reconoció su legitimación para intervenir, sin que esa decisión determine la culpabilidad ni pruebe una cuantía de daño. La crónica de esa jornada sitúa las siguientes actuaciones después del 15 de octubre, por lo que no se dan por celebradas en esta ficha.

No se ha verificado sentencia al 15 de octubre de 2026. Falta el cotejo del auto que modificó el señalamiento y de la versión íntegra actualizada de todas las calificaciones de las partes. La revisión permanece incompleta por esas lagunas; no se deduce una absolución, condena o firmeza del mero transcurso del tiempo.

Qué pide cada acusación

La Fiscalía atribuye dos delitos de cohecho y solicita seis años de prisión y multas que suman 550.000 euros para cada uno de los cinco acusados; la información de la primera sesión mantiene esa petición. En la descripción fiscal, González y De Miguel intervienen desde sus responsabilidades públicas y los tres responsables de TCT son cooperadores necesarios. Es una acusación, no una declaración de autoría probada.

El auto de 2021 recoge otros escritos con calificaciones diferentes: la Comunidad y el Canal solicitan dieciséis años para González y De Miguel, y siete para los tres vinculados a TCT, por fraude, malversación y cohecho. La acusación del PSOE incluye tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación y fraude, con penas distintas; CCOO plantea cohecho con una calificación subsidiaria, y el Ayuntamiento se adhiere al Ministerio Fiscal. El fallo de apertura menciona cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude. Por ello no se atribuye la suma de todas esas calificaciones a Fiscalía ni se presentan las peticiones de una parte como una condena o una posición unánime.

Importes con distinto significado

Importe	Concepto que recoge el auto de 2021
40.876.128,17 euros	Presupuesto de adjudicación del proyecto original en 2003; no perjuicio probado.
3.067.864,83 euros	Volumen de los trabajos subcontratados por Dragados con TCT; una acusación pide su decomiso, pero no se identifica automáticamente con beneficio neto ni con daño.
504.780 euros	Beneficio que Fiscalía atribuye a TCT: 381.029 por las obras y 123.751 por el mantenimiento. Pide su decomiso.
505.000 euros	Indemnización solidaria solicitada por la Comunidad y el Canal; no fijada por sentencia.
543.729 euros	Disposiciones de una cuenta de TCT que también recibía otros ingresos; CCOO solicita esa suma como indemnización. No se añade al beneficio fiscal como si fuera un daño distinto ya probado.
550.000 euros por acusado	Multas solicitadas por Fiscalía, no multas impuestas ni fondos públicos desviados.

No existe soporte suficiente para presentar cinco millones de euros como coste probado de esta pieza. Los presupuestos, ingresos, beneficios atribuidos, indemnizaciones y decomisos pretendidos se solapan o responden a conceptos diferentes. Se conserva su atribución a cada parte y no se suman.

Esta pieza tiene objeto y acusados propios. Los archivos o juicios de Inassa y Emissao, blanqueo y Navalcarnero no determinan el resultado de Canal Golf. Del mismo modo, una resolución urbanística sobre el uso de estas instalaciones no sustituye la prueba de los delitos atribuidos a estas personas.