La Sal - PP

El caso La Sal (también conocido como caso Desaladora o caso Escombreras) es la mayor trama de corrupción de la historia de la Región de Murcia. Investiga cómo el Gobierno regional del PP, bajo la presidencia de Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), diseñó y ejecutó un plan para adjudicar irregularmente la construcción y explotación de la planta desalinizadora de Escombreras (Cartagena) a empresas del grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, sin publicidad ni concurrencia competitiva. La operación permitió que Murcia abonara finalmente casi 600 millones de euros a ACS por una infraestructura cuyo coste real se estimaba en torno a 175 millones, lo que supone multiplicar por más de cinco el valor de mercado.

La trama se articuló mediante la constitución de sociedades participadas, contratos de arrendamiento fraudulentos, facturas simuladas e informes jurídicos manipulados. En enero de 2006 se constituyó la empresa Desaladora de Escombreras SA, integrada por filiales de ACS. Días después, el Consejo de Gobierno murciano cedió al Ente Público del Agua (EPA) un terreno en Escombreras para ubicar la planta, y el EPA constituyó Hidronostrum SA aportando ese suelo y adquiriendo el 51% de la desaladora de ACS. La planta entró en operación hacia 2009 pero acumuló pérdidas millonarias. En 2012, cuando el proyecto era inviable, el Gobierno murciano rescató la concesión privada a través de un contrato de arrendamiento que disparó la indemnización a ACS hasta más de 600 millones de euros, convirtiendo un riesgo empresarial privado en una deuda pública. Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, todo el proceso estuvo prediseñado para que la Administración regional acabara asumiendo el proyecto y financiando los beneficios de ACS.

El caso se divide en dos piezas judiciales: La Sal I, instruida por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia, que investiga a los miembros de los consejos de administración del EPA y de Desaladora de Escombreras SA, así como a directivos de ACS y Cobra; y La Sal II, instruida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Murcia, que apunta directamente al expresidente Valcárcel por prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos. La Fiscalía Anticorrupción cifra el perjuicio para las arcas públicas en al menos 74,1 millones de euros en concepto de sobrecoste del mecanismo de alquiler utilizado. El juicio oral contra Valcárcel, para el que el fiscal pide 11 años y 6 meses de prisión, está fijado para septiembre de 2027 ante la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia.